El Concello plantea compensar con 24.700 euros al promotor de la sala La Zona, que pedía 98.000

La administración admite que no cumplió con el catálogo de actividades al equiparar una sala de reunión con una de fiestas - El empresario todavía puede presentar alegaciones

27.03.2013 | 07:38
Asistentes a un baile organizado en la sala La Zona, en el polígono de Castiñeiras de Bueu. // C.G.

El gobierno de Bueu tiene ya una propuesta de resolución para la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el promotor de la sala La Zona, que reclamaba al consistorio casi 100.000 euros. El dictamen municipal rebaja considerablemente esa cifra y propone una compensación de apenas 24.700 euros. El trámite no es todavía firme porque el consistorio tiene que conceder un plazo de audiencia de diez días al afectado, el exconcejal Manuel Freire, y elevar el expediente al Consello Consultivo de Galicia, que debe emitir su preceptivo informe.

El promotor de la sala, emplazada en una nave del polígono industrial de Castiñeiras, decidió cerrar definitivamente el local en el mes de enero, después de que durante las fiestas navideñas la Alcaldía dictase una orden de precinto de las instalaciones. Ese decreto se basaba en los informes de la Policía que en los que se constataba que se mantenía la actividad pese a que la licencia de actividad fue anulada por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, ratificada luego por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El pleito fue instado en su día por Xestur Pontevedra y por la empresa Conservas Alonso, a los que el juzgado les dio la razón y desmontó la equiparación entre sala de reunión y sala de fiestas que sirvió para que en 2007 se le concediese licencia a la sala.

El Concello reconoce ahora que "non deu cumprimento coa súa obriga de revisar as licencias, non deu cumprimento ao catálogo ao pretender incluir no concepto de sala de reunión unha sala de festas". Ello provocó un perjuicio económico "singular e concreto, derivado do peche da actividade e posterior precinto do local", unos perjuicios que el empresario afectado "non ten o deber de soportar" y por tanto se reconoce "a responsabilidade exclusiva da administración local".

Una vez presentada la solicitud de responsabilidad patrimonial el ayuntamiento envió a uno de sus técnicos a las instalaciones en Castiñeiras para realizar una inspección y verificar los datos aportados por el empresario, que reclamaba más de 98.000 euros. La propuesta municipal reduce a la cuarta parte esa reclamación porque entiende que hay obras que son "recuperables", caso del equipamiento técnico de luz o sonido, y otras que no lo son, que son las que valora en 24.700 euros. Otro de los puntos de discrepancia es el IVA, que el empresario incluye en su valoración y que el Concello estima que no es indemnizable.

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