El juzgado insta al Concello a derribar en un plazo de dos meses una vivienda en Cela

La providencia reclama el cumplimiento de una sentencia del TSXG que anuló la licencia concedida - Sancionará a Félix Juncal con 1.500 euros en caso de incumplir el mandato

24.03.2013 | 11:05
Imagen de las dos viviendas, la antigua y la adosada, ubicadas en la parroquia de Cela. // Gonzalo Núñez
Imagen de las dos viviendas, la antigua y la adosada, ubicadas en la parroquia de Cela. // Gonzalo Núñez

El Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra ha emitido una providencia en la que insta al Concello de Bueu a proceder al derribo de una vivienda en el lugar de Pena, en Cela. El requerimiento tiene como objetivo hacer cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del 26 de julio de 2012 en el que se anulaba la licencia municipal concedida en su momento para la ampliación de esta vivienda. La concesión del permiso no contaba con el informe favorable del arquitecto municipal, que advertía que el proyecto "plantea adosar una vivienda completa a la ya existente, bajo el subterfugio de denominarla ampliación de la misma", aseguran los dos promotores de la denuncia.

Ahora, el documento remitido por el Juzgado subraya que la anulación de la licencia lleva consigo, "como consecuencia directa, la demolición de esas obras", por lo que se descarta la posibilidad de optar por un expediente de reposición de la legalidad urbanística "destinado a la eventual y futura legalización de las obras objeto del proceso judicial".

Así pues, desde el Juzgado se insta al concello y personalmente al alcalde para que proceda a adoptar las medidas oportunas "a fin de llevar a ejecución el derribo de las obras amparadas en su día por la licencia anulada por el TSXG", dándole de plazo hasta el 30 de mayo próximo. Además, reclama al concello a informar durante los cinco primeros días de cada mes hasta que se alcance el término final concedido para completar el derribo. En caso contrario, las multas podrían alcanzar un importe mensual de 600 euros, "de las que responderá el propio alcalde". Además, en caso de no finiquitar el derribo antes de la fecha marcada, Félix Juncal recibiría una primera multa de 1.500 euros, "reiterable mensualmente en idéntico o superior importe, hasta que complete la ejecución de la demolición".

Los demandantes advierten de las consecuencias económicas que el fallo judicial puede traer consigo para el concello, toda vez que podría haber una responsabilidad patrimonial que derivaría en una indemnización futura al dueño de las obras. La cuantía, apuntan las mismas fuentes, "puede superar fácilmente con los costes del derribo, los 250.000 euros". "Creemos que el equipo de gobierno metió la pata hasta el fondo", afirman.


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