Un servicio básico para el funcionamiento de la administración de Justicia como es el que prestan los abogados del turno de oficio podría ver alterado gravemente su funcionamiento a partir del próximo 1 abril si antes no se llega a un acuerdo entre el Colegio de Pontevedra y la Xunta de Galicia para subsanar las "deficiencias" que, según los letrados, padece este servicio en Pontevedra.
El salón de actos del Colegio de Abogados de Pontevedra acogió ayer una concurrida asamblea a la que estaba citado el casi medio millar de letrados adscritos al servicio de justicia gratuita de la provincia (salvo Vigo y Redondela, que cuenta con su propio órgano colegial). El objetivo, decidir qué medidas de presión adoptaban para exigir a la Xunta que garantice el pago de todas las asistencias que prestan los letrados a través de este servicio, y entre ellas se barajaba la posibilidad de una baja masiva de los profesionales del turno de oficio, lo que supondría el colapso de mismo y que vendría a equivaler a lo que se podría considerar como una huelga de la abogacía. Finalmente, los abogados pontevedreses no han llegado a lanzar este órdago a la Consellería de Xustiza, pero no cabe duda que han decidido apostar fuerte para presionar a la administración. En la asamblea celebrada ayer aprobaron "casi por unanimidad" -en palabras del decano del Colegio de Abogados, Ramón Jáudenes- un decálogo de medidas que, debido a su carácter técnico, no se detallarán hasta la jornada de hoy; pero que van en la línea de lo que se podría denominar como un trabajo a reglamento. Es decir, cumplir solo con los mínimos que establece la ley de Justicia Gratuita.
No es posible la huelga
Jáudenes explicó que los abogados "como sabéis no tenemos derecho a huelga" y reconoció que la posibilidad de una baja masiva del turno de oficio es una opción que estuvo sobre la mesa, pero finalmente apostaron "por una vía que también va a suponer que el servicio se ralentice un poco".
Estas medidas se comenzarán a adoptar a partir del uno de abril y el decano del Colegio de Abogados reconoce que serán "negativas para todo el mundo: para el justiciable, para los juzgados y las Fuerzas de Seguridad y para los propios abogados". "Es algo que no es bueno, y son medidas que van a suponer una distorsión de todo el servicio", añadió.
Saturación
Como ejemplo, cabe destacar que desde hace dos meses los profesionales que desarrollan su labor en el partido judicial de Cangas ya adoptaron medidas similares a esta del trabajo a reglamento y el resultado ha sido una situación cercana al colapso sobre todo en asuntos relacionados con la violencia de género y divorcios.
El decano del Colegio de Abogados de Pontevedra, Ramón Jáudenes López de Castro, recordó que las medidas de presión continuarán hasta que la Xunta dé respuesta a dos peticiones claras: La primera que queden sin efecto varias reclamaciones de devolución del dinero percibido por los letrados por asistencias prestadas, en algunos casos, hace dos años. Se trata de servicios de finales de 2011 y los primeros trimestres de 2012. Reclamaciones que los abogados atribuyen a una "deficiente tramitación por parte de la propia Comisión Provincial".
La segunda es la modificación del Decreto 138/2012 que impide al abogado justificar y cobrar prestado a un ciudadano hasta que no se dicte resolución expresa reconociendo el derecho del ciudadano a la Justicia Gratuita. Unas resoluciones que en Pontevedra pueden llegar a tardar hasta un año. Los letrados reivindican que se cumpla una vieja aspiración de la abogacía española que es garantizar la percepción de honorarios por las asistencias realizadas a través del turno de oficio. Unas asistencias que, recuerdan, son obligatorias. De no ser así, no solo podrían verse obligados a reclamar sus honorarios a personas que finalmente no tienen derecho a acceder a la Justicia Gratuita, sino que incluso tendrían que intentar cobrar su trabajo a usuarios que, por descuido o falta de interés, finalmente se le haya denegado la justicia gratuita por no presentar un papel o un trámite una vez ya realizado el servicio. "Se pueden dar casos surrealistas como tener que reclamar el cobro de una asistencia a un ciudadano que ni sabemos donde está". Los abogados recuerdan que ya dieron dos meses de plazo a la Xunta para solventar esta situación, antes de adoptar medidas de presión, pero no obtuvieron respuesta.
