La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta, ha estrenado su plan de inspección urbanística para 2013 en la comarca de O Morrazo con el derribo de una caravana en Cangas, según consta en el balance de actuaciones de estos primeros meses. Hasta la fecha, la APLU contabilizó 12 actuaciones de derribo en Galicia localizadas en Ponteceso, dos en Outeiro de Rei, Gomesende, dos en Xinzo de Limia, Mondoñedo, Cariño, Redondela, Guntín, Pontevedra y ésta última de Cangas cuya demolición figura con fecha de enero. La caravana fue demolida por estar en Suelo Rústico de Protección de Costas y clasificada como infracción muy grave. En la información que facilita la Axencia no se concreta el lugar de ubicación, aunque todo apunta a O Hío, en donde el Concello está haciendo un seguimiento para luchar contra la proliferación de este tipo de casas de verano ilegales en la costa contra las que el gobierno cuatripartito de Cangas, a finales de los 90, emprendió una cruzada hasta que la Xunta asumió las competencias. Lo que llama la atención en el reportaje fotográfico de la APLU respecto a este derribo es que la caravana, tras la demolición, quedó totalmente destrozada.
En cuanto al año pasado, la APLU acometió cuatro derribos en la comarca, uno de ellos los bungalows en el camping de Tirán, en Moaña, en marzo, por estar en servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre; una en Bueu en abril, de un cierre y portalón en servicio de protección de costas; y dos en Cangas, una vivienda en junio, en Suelo Rústico de Protección Ordinario, con infracción muy grave; y una casa prefabricada, en julio, en Suelo Rústico de Protección Forestal. En 2011, solo figura el derribo de una vivienda de madera en Bueu, en Suelo Rústico de Protección de Costas e Interés Paisajístico; al igual que en 2010 con otra vivienda en Bueu, de planta baja en Suelo de Protección Paisajística.
En 2009, la APLU demolió dos viviendas en Ons, otra también en Espacio Natural y una cuarta en Cangas, de planta baja, en suelo rústico de protección de costas. Por último, en 2008, cuando se inició la Axencia, figura una vivienda en Bueu en espacio natural.
La APLU acaba de publicar su plan de inspección urbanística para 2013 con el objeto, según pone de "mejorar la calidad y la eficacia de la disciplina urbanística al servicio de los ciudadanos y garantizar la objetividad e imparcialidad en la actuación de la Agencia" al tiempo que se marca como objetivo el derecho de los ciudadanos a un medio urbano y rural adecuado para el desarrollo de la persona y evitar que se lleven a cabo sin la preceptiva licencia municipal o sin autorización autonómica exigida en la LOUG o en al Ley de Costas obras de nuevas edificaciones, o de reconstrucción, rehabilitación y ampliación.
Sin embargo este objetivo no se cumple en el caso de un vecino de Moaña que recurrió a la APLU en última instancia después de varios escritos al Valedor y ante la inoperancia y falta de respuesta del Concello para hacer cumplir la ley en el caso de dos construcciones ilegales, una referida a una ampliación de una vivienda en Berducedo cuya obra no se ajustó a la licencia concedida en 1999 y fue denunciada; y otra consistente en una rehabilitación y ampliación de una casa en A Fraga de Abaixo.
En enero de 2012, el vecino presentó sendos escritos de denuncia ante la APLU que le contesta que la actuación le corresponde al alcalde y que la Axencia no es el órgano administrativo competente. En el caso de la obra de A Fraga porque se encuentra en Suelo no Urbanizable de Núcleo Rural Tradicional, según el Plan Xeral de Moaña; y en el de Berducedo porque está emplazada en Suelo de Edificación Agrupada en núcleos rurales tradicionales.
El año pasado este vecino presentó, debido a la falta de actuación del Concello, una queja ante el Valedor que fue admitida y se abrió expediente. Hasta en cuatro ocasiones, la primera en junio de 2012, el Valedor requirió al Concello el informe sobre las pertinentes obras, pero sin obtener respuesta. En octubre le remite un recordatorio de los deberes para que por parte de la alcaldía se ordene la máxima diligencia en la tramitación de los expedientes de reposición de la legalidad urbanística para evitar que prescriba la accción.
