Los propietarios de las dos viviendas del barrio del Pombal, en Meira de Arriba, han empezado con la demolición parcial de la obra cumpliendo con el acuerdo alcanzado con el Concello para desbloquear una orden de derribo que se arrastraba desde hace 15 años y por el que el alcalde, José Fervenza, ya había sido sancionado con multas de 600 euros después de que el caso acabara en los juzgados y debido al incumplimiento de la orden judicial de derribo que le correspondía acometer de forma subsidiaria al ayuntamiento. Fervenza logró poner de acuerdo a las partes en este conflicto y los propietarios presentaron un proyecto de demolición parcial que fue aceptado como solución por el Juzgado Contencioso número dos de Pontevedra, tal y como asegura el alcalde que se alegra de que se haya llegado a una solución satisfactoria que pone fin a un conflicto de muchos años. La legalización de esta construcción como vivienda unifamiliar mediante el derribo parcial de la misma se ha logrado gracias a la entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación de Moaña (PXOM) que aplica al solar la ordenanza nº 2 de vivienda unifamiliar.

Para la solución negociada, los propietarios de la construcción habían presentado en marzo de 2012 un proyecto de demolición que el Concello aceptó y dio licencia municipal. en base al informe técnico que confirmó que eran viables El proyecto consiste en el derribo de una parte importante del volumen construido, en torno a los 260 metros cuadrados del lateral izquierdo. y también se acometerá una reestructuración de la cubierta para rebajar el volumen. La demolición que contempla el proyecto suponen 79 metros cuadrados en la planta baja, 85 en la primera y 102,20 en el aprovechamiento bajo cubierta, con más superficie debido a los vuelos. De igual forma, se contempla una cesión de 41,50 metros cuadrados de terreno para dejar el camino público del lateral derecho con 8 metros de ancho, cumpliendo con la normativa.

Hay que recordar que estas viviendas se levantaron en la década de los 80 sin licencia municipal y al poco tiempo empezaron los problemas. El Concello incóo a los propietarios un expediente de reposición de la legalidad urbanística a raíz de la denuncia de un vecino porque no se respetaban los retranqueos con un camino lateral y con un lindante y porque la vivienda presentaba un importante un exceso de volumen. En 2003, la alcaldía dictó orden de demolición que fue retiterada tres años después, pero ante la inactividad de propietarios y Concello, el denunciante presentó un recurso en el juzagdo Contencioso. Los propietarios pedían la inejecución del derribo en espera de la aprobación del PXOM para la legalización de la obra. En 2008 el Contencioso ordenó el derribo haciendo responsable subsidiario al Concello que pidió prórrogas hasta que llegaron las multas por incumplimiento. Así hasta que se logró la solución consensuada.