Sorpresa absoluta. Así recibieron los vecinos del edificio Pintos, en el lugar de Loureiro, la noticia de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la demolición parcial del inmueble. Desde la comunidad de propietarios aseguran que todavía no se les ha comunicado el fallo y en cuanto lo tengan mantendrán una reunión con sus abogados y con el gobierno local. La esperanza de los afectados pasa por legalizar el edificio a través del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). En caso contrario sólo les quedaría una aleternativa: reclamar una indemnización al Concello, que en su día concedió licencia para la contrucción del inmueble. "Nosotros tenemos las escrituras de la compra y durante todos estos años hemos estado pagando los impuestos y tasas municipales", explica el presidente de la comunidad, Emilio Juncal.

Los propietarios explican que el Pintos es un edificio de viviendas de protección oficial, aunque en la actualidad sólo residen de manera permanente en él unas cinco familias. "Hay propietarios de fuera, de ciudades como Ourense, A Coruña e incluso Zaragoza, y que tienen los pisos como segunda residencia", apuntan desde la comunidad. La fecha de construcción data de 1986, pero los vecinos no tuvieron constancia real del problema hasta hace unos cinco años. "Un día me llegó una carta para presentarme en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en A Coruña y tuvimos que personarnos en la causa porque si no era como dar la razón a la otra parte", explica. Tanto el Concello de Bueu como los afectados presentaron sendos informes técnicos para argumentar la inejecución de la sentencia. "No se puede afrontar una demolición parcial sin que se venga todo abajo", insisten. El inmueble consta de un bajo y tres plantas, que en total suman 19 viviendas, a las que habría que sumar las plazas de garaje y los trasteros.

La comunidad espera que el nuevo PXOM sirva para buscar un encaje legal al edificio ya que en caso contrario se verían obligados a solicitar una indemnización al ayuntamiento. "Nosotros entramos con licencia y escrituras", insisten. El consistorio está por tanto tan interesado como los propios vecinos en poder legalizar la construcción porque en caso contrario tendría que hacer frente al coste de la demolición y a las más que probables indemnizaciones.