La mayoría de los afectados coincide en que tomarán medidas en caso de que se ejecute el sistema de concesiones y, como consecuencia, dejen de ser los propietarios de sus inmuebles. No aceptan perder sus derechos ni la importante cuantía económica que en su día pagaron por las viviendas y locales. "En caso de que nos quiten la propiedad habrá demandas contra el Concello por emitir las licencias, contra Costas o quien haga falta, pero no vamos a renunciar a lo que es nuestro sin indemnización", matiza Pedro Delgado. La aplicación de esta nueva medida promete ser larga, ya que es necesario analizar cada caso y reformar los documentos que figuran en el registro de la propiedad, y es probable que se imponga un canon diferente según el tipo de inmueble "ya que no es lo mismo tener un terreno que un piso o una casa", señala.
Insiste en que no es "justo" que los afectados deban pagar dos veces por disfrutar de sus inmuebles. "En su día haces un importante desembolso por la compra y ahora también tienes que asumir la concesión; para muchas personas es inviable afrontar un nuevo pago ya que muchos son pensionistas con pagas mínimas", especifica. Una importante porcentaje de afectados lo conforman personas de avanzada edad, que "jamás comprenderían qué implica esta nueva situación, en la que dejan de tener una vivienda para ser concesionarios de la misma". No obstante, tratarán de explicar en asambleas los puntos clave de esta nueva vía y aclarar posibles confusiones.
