El problema de las participaciones preferentes volvió a debatirse ayer en el pleno de Cangas, donde el BNG presentó una moción instando a suprimir el Real Decreto Ley 24/2012 que, según sostuvo su portavoz, Mercedes Giráldez, avala que los ahorradores puedan perder hasta el 70% del dinero invertido y da amplios poderes al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en esa dirección. Además, la formación nacionalista atacó el recurso al laudo arbitral que está promoviendo la Xunta con "criterios electoralistas", intentando desmovilizar a los afectados devolviéndole el dinero a muchos de sus "cabecillas" o activistas destacados, mientras una gran mayoría no ha cobrado ni confía en hacerlo a corto plazo.

Para el PP el problema es justamente el contrario, y acusa al Bloque de tener más interés en sacar rédito en las urnas que en solucionar el problema a los afectados, ya que un recurso de inconstitucionalidad y el respaldo a la Fiscalía en demanda de la devolución íntegra de las inversiones, como pide la moción, retrasaría la respuesta "tres ou catro anos". El PSOE, por boca de Martín Piñeiro, pidió poner fin a este "fraude" (en la terminología, al igual que en la petición de castigo a los culpables coinciden todos los grupos políticos) que está provocando un gran desgaste físico y psicológico a los afectados, y que no debe quedar impune, mientras que Xosé Manuel Pazos, de ACE, apoyó la moción y la creación de una "banca pública galega" tras las elecciones autonómicas.

El resto del debate, en el que participaron también el alcalde Sotelo y los ediles Pío Millán (PP) y Héitor Mera (BNG) fue un cruce de acusaciones sobre la responsabilidad o complicidad en el origen del problema, que ambos grupos se atribuyen.