Un futuro Plan Especial, que la Autoridad Portuaria encargó en noviembre pasado y que podría ser aprobado "en pocos meses" es la principal solución que atisba la Xunta para resolver la grave inseguridad urbanística que atraviesa el Puerto de Marín debido a las sentencias judiciales que han anulado sus dos últimos planes urbanísticos, el de 2000 y su modificación de 2005. Aunque la Consellería de Territorio admite que muchas de las licencias para implantar empresas en el recinto deberán aguardar a disponer de ese Plan, niega que exista paralización económica del Puerto, como sí alerta el BNG.

La situación actual del Puerto de Marín fue ayer objeto de un extenso debate en la comisión de Pesca del Parlamento de Galicia, a raíz de una pregunta del nacionalista Bieito Lobeira sobre las medidas que maneja la Xunta para hacer frente a una "situación extraordinariamente grave" del Puerto, con "empresas con la licencia anulada y sin posibilidades de obtenerla en varios años". La encargada de defender la postura autonómica fue la secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, quien explicó que las medidas en marcha ya han sido comunicadas al Concello de Marín. Tras dejar claro que "la Xunta está obligada a cumplir esas sentencias", presentó el Plan Especial que ahora comenzó a elaborar la Autoridad Portuaria como el instrumento para "dotar al Puerto de la ordenación correspondiente". Ese documento, ya está bajo análisis ambiental, es imprescindible para aclarar el futuro del recinto. Aún así, Rivas Díaz aseguró que "la anulación del Plan Especial no afecta a la eficacia de las licencias firmes, que mantienen su vigencia". Otra cosa son las futuras o las impugnadas, cuya viabilidad "debe ser examinada a la vista de la normativa urbanística vigente", con tres supuestos: las obras realizadas por la Autoridad Portuaria y de interés general, que no necesitan licencia municipal; las que no realiza este organismo pero que necesitan obligatoriamente instalarse en el Puerto, que tampoco requieren ese permiso; y las que sí necesitan la licencia municipal, que son las que deben aguardar a que entre en vigor el Plan Especial "en cuyo impulso trabaja la consellería con el objetivo de que sea aprobado lo antes posible", en cuestión de "pocos meses". Con él, quedará "garantizado un escenario de seguridad jurídica y certeza para el desarrollo de las actividades del Puerto", una seguridad de la que ahora carece. Aún así, Encarnación Rivas insistió varias veces en que "no se produce paralización económica del Puerto pues nada impide otorgar licencia a las empresas que obligatoriamente deben emplazarse en el recinto".

Desde el BNG, al margen de las medidas que se plantean para resolver esta inseguridad actual, considera que hay tres personas que "son las responsables políticas de esta situación". Bieito Lobeira recordó que una sentencia del Supremo responsabiliza en un 50% a la Autoridad Portuaria "cuando la presidía María Ramallo, actual alcaldesa de Marín, en un 30% a la Consellería de Política Territorial que dirigía el actual presidente Alberto Núñez Feijóo, y en un 20% a la Diputación, que presidía y preside Rafael Louzán, los tres del PP. Las consecuencias de sus actos, con miles de empleos en peligro, deben tener consecuencias políticas". En cambio, para la Xunta "en la aprobación de un Plan Especial, con gran cantidad de normas sectoriales, es imposible identificar una responsabilidad política concreta" y lo importante es "buscar soluciones para hacer del Puerto un punto estratégico de la economía de Galicia".

"Hay responsables y deben pagar por lo que hicieron", dice el BNG

El parlamentario marinense Bieito Lobeiro, autor de la pregunta que motivó el debate de ayer en la comisión de Pesca de la Cámara gallega, calificó de "jurídicamente aberrante" la situación del Puerto de Marín, "con muchas empresas y cientos de empleos en un contexto alegal" y entre cuyas consecuencias citó que "se les cierra la puerta para acceder a fondos públicos europeos".

Añadió que "peligran esos puestos de trabajo por una irresponsabilidad de cargos del PP y al tiempo que se tarde en aprobar un nuevo Plan Especial hay que sumar la gravedad de dar cumplimiento a las sucesivas sentencias firmes, de cuya ejecución práctica dudamos". Insistió varias veces en reclamar "responsabilidades políticas" hacia los "responsables de una situación que provoca daño, pero parece que a estos responsables no les pasará nada, pero sí a los trabajadores. Hay responsables y deben pagar por lo que hicieron", insistió.

A su juicio, el Puerto está sumido en una "total inseguridad jurídica en la que las empresas que tramitaban una licencia o pensaban hacerlo en el futuro, no pueden obtenerla hasta que se apruebe un nuevo Plan Especial, lo que está paralizando la actividad económico en el Puerto de Marín".