El gobierno pedirá una orden judicial para entrar en los asentamientos ilegales de Punta Alada

JUAN CALVO - CANGAS El Concello de Cangas solicitará una orden judicial para poder entrar en la parcela donde se encuentra el asentamiento ilegal de Punta Alada, en O Hío. con 14 casetas. Esta medida permitirá llevar a cabo la petición de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta de Galicia de identificar a los responsables de construcciones que abundan en el chabolismo costero. La Xunta de Galicia no solo pide al Concello la identificación, sino también que le entregue toda la documentación que tenga sobre este expediente, algo que debería tener ya la Xunta porque todos los gobiernos municipales de Cangas siguieron remitiendo a la administración autonómica los expedientes de infracciones urbanísticas en la costa, sin resultados muy positivos hasta la fecha. Sí parece que en esta ocasión la Xunta tiene intención de ir algo más allá. La identificación de los propietarios es difícil porque son casetas que se utilizan solo en verano o los fines de semana.
Según el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Rafael Soliño, el problema con el que se encontraba la administración local era que no podía entrar a las fincas a identificar a los propietarios de las caravanas y de las casetas, lo que hacía inviable los cortes de suministro eléctrico. Como ocurre en este caso, tras el corte de suministro eléctrico ordenado por el Concello de Cangas, alguno de los propietarios recurría a los tribunales, y en el contencioso de Pontevedra siempre acostumbraba a otorgarle la razón, al sentenciar que una medida cautelar no podía durar de forma permanente en el tiempo.
Por eso ahora el gobierno local exigirá explicaciones a Unión Fenosa sobre las razones por las que otorga suministro eléctrico a instalaciones que no cuentan con licencia de primera ocupación. Y es tanto este asentamiento concreto de Punta Alada, como el de otros que hay en la costa de Cangas, sobre todo en la zona de Vilanova, tienen instalados postes de hormigón con contadores. El edil de Urbanismo está convencido de que ésta será una medida eficaz para luchar contra el chabolismo en la costa de Cangas, un mal que la administración competente, que en este caso es la Xunta, debe impedir que continúe.
Los inspectores de obras del Concello de Cangas, pese al poco eco que tienen sus denuncias en la Xunta de Galicia, siguen trabajando. Estos profesionales detectan que las citadas construcciones ilegales se está consolidando, es decir que están siendo ampliadas y mejoradas.
En el informe de 2003 que el Concello de Cangas remitió a la Xunta de Galicia aparecían 57 denuncias, y en ese momento se mencionaba como construcción ilegal caravanas y casetas en Alada-O Hío. Volvían a aparecer en los informes de 2004, 2005 y 2006 construcciones ilegales en Punta Alada, pero es en la de ese último año donde se hace mención concreta al muro de contención en Punta Alada y aparecen más de una docena de denuncias por instalación de caravanas y casas prefabricadas en dicha zona.
En el año 2007, el alcalde José Enrique Sotelo, había dicho que una acción contundente de la Xunta en uno de estos expedientes sería mucho más efectiva que la ley de los 500 metros. Y no le faltaba razón. Tampoco esta ley de los 500 metros sirvió para solucionar este serio problema que tiene Cangas, que arruina sus costa y que mantiene a los vecinos de las zonas afectadas enfrentados con los moradores y entre ellos. "Algunos, antes de venderle la parcela al vecino prefirieron vendérsela al de fuera por un precio mucho más bajo. Así ahora pasa lo que pasa. Todo está sin licencia y el aspecto que ofrecen es bochornoso", coinciden en señalar varios vecinos de Vilanova.
La apatía de la Xunta en este asunto queda reflejada en un dato: en 2010 había 3 expedientes de ejecución forzosa que llevaban aparejados la orden de demolición tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y no se llevó a cabo ninguno.