Urbaser gana el juicio contra la Mancomunidad, que deberá pagar a la exconcesionaria 6 millones

REDACCIÓN - CANGAS El alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo (PP), en su nuevo cargo de presidente de la Mancomunidad de Concellos de O Morrazo, mantuvo ayer el primer encuentro con sus homólogos de Moaña y de Bueu, José Fervenza (PP) y Félix Juncal (BNG), respectivamente, para poner encima de la mesa la situación económica de esta entidad, que se encarga únicamente de la recogida de la basura en los tres municipios, y que califican de "dramática". A las cuantiosas deudas que ya arrastraba la Mancomunidad, ayer quedó confirmada una reciente sentencia a favor de la primera concesionaria del servicio, Urbaser, que tras varios años de pleitos ha conseguido que el juzgado le dé la razón en una reclamación económica de 6 millones de euros. Sotelo ya anunció que se iba a recurrir.
La reunión se celebró en la propia planta de basuras de A Portela. El alcalde de Moaña, José Fervenza, mostró su satisfacción por el estado de este complejo "del que hay que decir que mejoró". La nueva concesionaria desde hace dos años GSC acometió profundas reformas en estas instalaciones en donde antes la basura que no se trasladaba a Sogama permanecía al aire libre, y eso ha desaparecido al invertir la empresa en la compra de 8 contenedores más, de los denominados "pellejos", con capacidad para 40 metros cúbicos. Antes solo había cuatro de estos contenedores azules.
El presidente de la Mancomunidad, que estuvo acompañado en la reunión por el interventor de esta entidad, a la vez jefe del Organismo de Recaudación de la Administración Local (ORAL), Miguel Santiso, también confirmó a los alcaldes que había una deuda de 2 millones de euros con la anterior concesionaria Isolux, otra contra Sogama, por un importe de 6,8 millones de euros más intereses y con FCC por la construcción de la planta, que oscila en torno a 1,5 millones. En la relación de deudores ya no se libra la actual concesionaria GSC, aunque con una cantidad menor correspondiente a 4 facturas por el desempeño del servicio, que podrían suponer en torno a los 200.000 euros. GSC ya tuvo un problema en enero para pagar las nóminas de los 29 trabajadores, que cobraron por retraso, al alegar la empresa el impago de tres facturas por parte de la Mancomunidad. Finalmente los trabajadores cobraron pero por otros ingresos que recibió la empresa de otros ayuntamientos en los que trabaja.
El alcalde de Bueu, Félix Juncal, asegura que Sotelo les dio cuenta de esta nueva sentencia del Juzgado Contencioso número 1 de Pontevedra a favor de Urbaser por importe de 6 millones de euros, correspondiente a facturas del período comprendido entre 2000 hasta marzo de 2004, que fue cuando de forma voluntaria dejó el servicio. La Mancomunidad siempre negó esa deuda de 6 millones. En la liquidación que había hecho el organismo supramunicipal, y que fue anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se reconoció una deuda de 2,7 millones, de los que 1,9 eran por facturas mensuales, 335 por vehículos entregados, 306 por exceso de canon y 109.000 por el transporte de residuos sólidos urbanos.
Félix Juncal recuerda que en una primera instancia el juzgado había avalado las tesis de la Mancomunidad, pero después dio marcha atrás en un recurso que presentó la empresa argumentando un problema en la denominación de la comisión que firmó los acuerdos de sanción a Urbaser. La Mancomunidad había cambiado el nombre de comisión de gobierno por el de junta local de gobierno, que no se recogió en los escritos.