El próximo 15 de diciembre Moaña adoptará una medida pionera en todo el Estado: la creación de una comisión especial para tratar de evitar los desahucios de vecinos que no pueden hacer frente a su hipoteca, al encontrarse sin empleo. Esta medida responde a un acuerdo adoptado en el pleno del 28 de abril y hasta el momento solo el Ayuntamiento de Barcelona ha adoptado una postura similar. En principio, la comisión se reunirá siempre el tercer jueves de cada mes.
Para la primera sesión, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas ya ha apuntado una serie de exigencias que espera que se concreten y tengan efectos inmediatos. Entre ellas, pretenden que el Concello se dirija a las entidades financieras que operan en Moaña para exigirles la paralización de todos los desahucios y la condonación de las deudas adquiridas con el actual proceso de ejecución hipotecaria, que para la Plataforma son "ilegítimas".
Otra de las demandas pasa por la eliminación del impuesto municipal de plusvalía para las personas que pierdan su vivienda. Esperan que la comisión sirva también para revisar los protocolos de actuación del departamento de Servizos Sociais, de tal forma que ninguna familia pueda verse amenazada con perder la custodia de sus hijos a causa de un desahucio. Proponen que este departamento colabore en pedir al juez la suspensión del desalojo cuando se refiera a la vivienda única y habitual. Piden también que el Concello no ponga "ni un solo guardia urbano" a disposición de las órdenes para ejecutar las hipotecas que no se pagan.
Alquiler social
Cuando no se haya podido impedir un desalojo la comisión especial deberá garantizar una vivienda digna en régimen de alquiler social a los afectados. Finalmente, la Plataforma espera que el Concello elabore un censo de los pisos vacíos en manos de entidades financieras, que se deberían destinar al alquiler a un bajo precio. El colectivo de afectados propone un incremento del IBI para forzar a los bancos a poner las viviendas en alquiler.
Esta mesa deberá estar formada por el alcalde, un representante de cada grupo político, un integrante de la Federación vecinal A Chamusca, un miembro de la propia Plataforma de afectados, la asistente social del Concello y representantes de los colectivos vecinales que no forman parte de A Chamusca.
La creación de la comisión especial fue apoyada por todos los grupos en el Pleno, aunque su constitución se ha retrasado varios meses.
