El Tribunal Supremo tardará aún cerca de dos años en dirimir el pleito que mantienen el Estado y la familia Riobó sobre el valor de tasación de la isla de Ons. El alto tribunal está analizando en estos momentos asuntos relativos al año 2007 y desde fuentes judiciales estiman que será necesario que transcurra entre año y medio y dos años antes de que entre a valorar el recurso presentado en su día por los antiguos propietarios de la isla.
Los Riobó presentaron en 2009 un recurso de casación ante el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que daba por buena la tasación que realizó el Estado a través de la empresa Tragsa y que ascendía a 7 millones de euros. Ésta contrasta con la realizada por los peritos de la familia, que calculan que la isla vale diez veces más. La discusión también tiene otra razón de ser y es que en estos casos los antiguos propietarios no reciben el total de ese valor reconocido, sino solamente el 5%. Eso significa que si se acepta la tasación del Estado la familia Riobó percibiría 350.000 euros.
El Tribunal Supremo tiene ante el recurso de los Riobó varias opciones: dar por buena la valoración de alguna de las dos partes, encargar un nuevo informe pericial independiente o a la vista de los presentados fijar directamente un precio. Los expertos creen que probablemente se incline por esta última opción.
La isla fue expropiada en 1942 por el Ministerio del Ejército con el fin de construir una base militar, algo que nunca se llegó a materializar. Por esa razón los tribunales dictaminaron que los descendientes de los antiguos propietarios tenían derecho a la reversión de la isla o a una indeminización. Finalmente, y ante el recurso presentado por la Xunta de Galicia, la Justicia resolvió que la devolución no era posible porque la isla era un bien de dominio público y solo cabía una compensación económica, que es lo que ahora se discute.
