El grupo municipal Alternativa Canguesa de Esquerdas denuncia la presencia entre el personal contratado a través de subvenciones de la Diputación Provincial de Pontevedra para el Concello de Cangas de personas que iban en la lista de Unión de Parroquias de Cangas (UPAC), que encabezó Nardo Faro Lagoa, hoy socio de gobierno del PP. Estas personas trabajan dentro de la brigada de obras, bien el vías pública o en limpiezas de edificio.

La edil de ACE, Maruchi Álvarez, advierte que se trata de contrataciones a través de subvenciones de la Diputación Provincial de Pontevedra, que es la quien realiza la convocatoria y afirma que no es muy difícil averiguar porque están estas personas en esos puestos de trabajo, ya que los propios operarios presumen de ello y también el edil de Obras y Servicios, Nardo Faro, que no deja de pregonar su buena relación Rafael Louzán desde que suscribió el pacto de gobierno. Maruchi Álvarez señala que todo el mundo necesita trabajar, pero que se debe velar porque las convocatorias sean limpias y que se escoge a los trabajadores sin mirar el carné político. "As convocatorias que fai a Deputación son vox populi. todo o mundo sabe con quen hai que falar. Os propios traballadores presumen delo e tamén os concellais"

También apunta la edil de ACE que el gobierno local debe valorar, aunque la contratación se realice con subvención de la Diputación, si el Concello de Cangas tiene capacidad para albergar a todos los trabajadores y sin tienen o no medios para ello, ya que en algún caso se detectó falta de ropa de trabajo.

Por lo que respecta a otras contrataciones eventuales realizadas en el Concello de Cangas, Maruchi Álvarez, considera que cualquier contratación fraudulenta debe denunciarla la Xunta de Personal o el Comité de Empresa. Entiende que su silencio puede significar que los procesos que se llevaron a cabo sean de los más limpio.

ACE, que también se había manifestado en contra de hacer fija la plaza de gerente de la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo, considera que no existe ningún tipo de irregularidad en el hecho de que el presidente del ente supramunicipal decidiera por su cuenta prorrogar el citado contrato.

ACE entendía que la privatización del servicio de la basura dejaba sin sentido el puesto de gerente, cargo que sí tendría validez si el servicio fuese público. También sostiene este grupo que es raro que la prórroga de un contrato por obra y servicio termine acabando en fijo, ya que tiene una duración determinada.