Otra empresa de fabricación, reparación y venta de embarcaciones operará en la nave y los terrenos comunales de A Borna, en los que hasta hace poco estaba trabajando Industrias Navales La Moa. Se trata de Neuvisa, perteneciente al grupo Rodman, con lo que esta compañía aumentaría su presencia en el municipio, pues ya tienen un astillero en Domaio. Neuvisa se especializa en las embarcaciones neumáticas, pero también de recreo. Los comuneros de Meira aceptaron ayer en asamblea la propuesta de la junta directiva, que apostaba por esta compañía entre las siete que aspiraban a establecerse en la nave industrial.

Neuvisa se compromete a pagar a un canon anual de 36.000 euros. La concesión se realizará por un periodo de 30 años. Más allá de la oferta económica, los comuneros valoraron la promesa de la compañía del Grupo Rodman de terminar las embarcaciones a medio construir que abandonaron en la nave los responsables de La Moa. El dinero de la venta de estos dos barcos, una vez descontados los costes de la construcción, se destinará a las arcas de la propia Comunidade de Montes. No en vano, desde el 15 de julio todo el material que se encuentra dentro de la nave ha pasado a ser de los comuneros, al concluir el plazo establecido por la Justicia para su retirada.

Las otras contraprestaciones prometidas por Neuvisa pasan por ceder a los propietarios del terreno los ingresos que generen las placas solares ubicadas en él, que fueron instaladas por los anteriores concesionarios sin permiso. Finalmente, el nuevo astillero que operará desde la costa de Meira se compromete a ejecutar un plan completo de reparación y homologación de unas instalaciones que se encuentran en mal estado. También gestionará la destrucción de los materiales no utilizables que se encuentran dentro de la nave, como las resinas y las pinturas.

La oferta elegida no era la mejor en términos económicos, sin embargo los comuneros rechazaron la realizada por los anteriores responsables de La Moa. Bajo el nombre de Inversiones Figueiro S.L. pretendían volver a alquilar el terreno y prometían el pago de 62.000 euros anuales.

A este punto se llegó después de que la Justicia rompiese el acuerdo que mantenía La Moa con los comuneros. Y es que este astillero no pagaba el canon de 12.000 euros al año desde 2008. Tampoco tenía actividad aparente y, según la abogada de la Xunta de Montes, permitía hacer uso de la nave a otras dos empresas, que entre sus funciones tenían la promoción inmobiliaria.