La mayoría se enteró ayer por la prensa de que la Justicia da de plazo hasta el día 1 de junio para derribar gran parte del edificio en el que viven. Pero, otros, ya tenían desde el lunes información sobre el mandamiento judicial, los que menos. En los bajos comerciales hay tirantez. Se insiste en que el edificio no está encima del río y se lanzan veladas advertencias. Pero en medio de la conversación entre propietarios surge la controversia. Hay quien recuerda que la demandante ganó todas las sentencias y que la situación es realmente difícil, por lo que convendría ponerse en contacto con los abogados que en Vigo llevaron el caso de las Torres del Club Financiero o de la Colina de Castrelos. Su interlocutor, cuya familia era dueña del solar, recuerda que nunca vio que se derribara un edificio. El otro vecino recuerda que sí, que por el sur cayeron muchos. La preocupación es evidente.
Los propietarios de los pisos no son muy proclives a pronunciarse. Quieren esperar a reunirse para ver qué medidas se pueden adoptar para hacer frente a la situación. Pocos quieren salir en las fotografías y los que lo hacen son cautelosos. Miden sus palabras y manifiestan su total incomprensión sobre la situación que viven.
Carlos del Río adquirió un apartamento de segunda mano en el edificio de la calle Noria. Asegura que cuando fue a registralo y a escriturarlo no le pusieron ningún tipo de reparos y que paga anualmente el IBI de Urbana. Manifiesta que tuvo que pagar una hipoteca y que si hubiese existido alguna anotación en el Registro de la Propiedad no le hubieran concedido el crédito. Dice que duda que se pueda ejecutar y reconoce que ayer había mucha tensión y nerviosismo entre los propietarios, aunque a algún inquilino la noticia tampoco les causó demasiada gracia.
María está muy nerviosa. "La noticia está ya en internet y se hacen muchos comentarios sobre ella.". Lleva viviendo en el inmueble con su marido desde 2008. "Cuando vine aquí no sabía nada de esto. Fuimos descubriéndolo poco a poco. "Esto es un atraco". Menciona que la comunidad de propietarios está buscando otro abogado diferente al del promotor, que hasta ahora era el mismo. Se hablaba de una reunión para las 21.00 horas en el portal del inmueble, pero no llegó a concretarse.
Falta por llegar el fallo del Tribunal Supremo al recurso de casación interpuesto por los demandados en el caso del edificio número 4 de la calle Noria. Aquí la situación es todavía peor. Y es que si en el primer caso había licencia que después un tribunal calificó de ilegal, en el segundo no hay ningún tipo de licencia municipal. En este caso, no es una parte de edificio lo que se tendría que derribar, sino todo.
Por su parte, el Partido Popular de Cangas puntualiza que el edificio se construyó entre los años 1988 y 1990, que se realizó sin licencia, pero que se dejó finalizar y no se paralizó, así como que se concedió una licencia con posterioridad teniendo como referencia un informe jurídico externo encargado en la legislatura 1995-1999.
