La Dirección Xeral de Patrimonio ordenó al Concello de Bueu paralizar las obras de construcción del futuro tanatorio municipal, que se emplaza en el entorno del polígono de Castiñeiras. El departamento autonómico, que depende de la Consellería de Cultura, reclama al ayuntamiento la elaboración de un proyecto arqueológico debido a la cercanía de unas mámoas soterradas y que están catalogadas como elementos culturales de interés. La paralización ha obligado al gobierno local a contratar a una empresa de arqueología para realizar ese estudio y espera que en unos días esté ya elaborado.
Los trabajos para la construcción de la infraestructura comenzaron hace apenas unos días en una parcela situada en el entorno del parque de bomberos y del Cristo de Morouzos y que inicialmente estaba clasificada como zona verde. Desde el gobierno local reconocieron ayer la paralización, pero alegaron que la Dirección Xeral de Patrimonio no comunicó en ningún momento la necesidad de realizar ese estudio. “Antes de iniciar las obras tuvimos que pedirle un permiso precisamente por la presencia de las mámoas y nos autorizaron los trabajos, pero sin decirnos que a pesar de todo había que presentar ese proyecto arqueológico”, se defienden desde el consistorio buenense.
Objeto
El objeto de ese estudio es determinar si existen otros elementos de interés patrimonial en la zona que merezcan ser protegidos, en cuyo caso podría haber cambios en la actuación. El ejecutivo local espera que los trabajos de campo concluyan en pocos días para que Patrimonio evalúe las conclusiones y, en su caso, autorice la continuidad de los trabajos. Recuerdan que se trata de un caso muy similar al registrado en los últimos meses en un solar de la Avenida Montero Ríos, donde se ordenaron hasta dos catas arqueológicas.
El futuro tanatorio será de titularidad municipal, aunque el Concello de Bueu sacó a concurso público el contrato de construcción y explotación del servicio para los próximos 40 años. La actuación fue adjudicada a la empresa Alfonso Iglesias S.L. y está valorada en más de 800.000 euros. En todo caso, esta paralización supondrá un retraso en los plazos previstos y en los pliegos de condiciones se estipulaba un periodo máximo de ocho meses.
