El Gobierno de Cangas someterá al pleno ordinario del próximo viernes la aprobación inicial de la subida de tarifas por consumo y saneamiento de agua que solicita Aqualia conforme al pliego de condiciones de adjudicación del servicio. El incremento sería del 10,5%, lo que supondrá unos ocho o diez euros al año de media, y no 25, según precisó el concejal de Facenda, Xosé Xoán Santamaría, que justificó la decisión de llevarlo ya a pleno para que las nuevas tarifas puedan entrar en vigor en enero, tras su publicación oficial. Las intenciones del bipartito chocan con las del PP, que ya ha anunciado que se opondrá "a calqueira suba que pretenda efectuar un goberno ilexítimo".

El portavoz del Partido Popular, José Enrique Sotelo, afirma que el "minigoberno" de Cangas pretende aprovechar los titulares periodísticos sobre la sentencia que obliga a pagar casi 700.000 euros a Seragua (ahora Aqualia) para crear la sensación" ante los ciudadanos de la necesidad de subir los recibos del agua por culpa del PP, "cando os únicos e verdadeiros culpables, se se produce, son eles". Adelanta que la propuesta del concejal de Facenda no contará con su respaldo. "Non dubiden que o PP se oporá", recalca, y le reprochan que, "pola vía dos feitos consumados, pretendan culpabilizar aos que estamos na oposición dos problemas creados pola súa ineficacia e incapacidade".

Sotelo exige a los responsables municipales que se tomen las medidas que demanda la situación económica actual, "tal como fixeron todos os concellos, excepto Cangas". Exigen transparencia a la hora de subir el recibo del agua y rechaza que se intente "desviar a atención con acusacións falsas".

El portavoz del PP también reitera que nada tiene que ver con la deuda con Seragua, que se acumuló antes de la privatización del servicio, en 1993, y cuya primera sentencia se produjo en 1997, cuando gobernaba en Cangas "aquel triste cuatripartito do que formaba parte a señora Millán". Añade que lo único que hizo Sotelo fue recurrir la sentencia en 2003, al igual que hizo el anterior gobierno, y que el fallo judicial se hizo firme por el "pasotismo e mala defensa dos intereses de Cangas" del actual gobierno, al desatender los requerimientos efectuados por el TSXG.