El escrito del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) advirtiendo a la alcaldesa de Cangas de que le impondrá una multa coercitiva de 500 euros si no le informa por qué no cumple la sentencia que obliga al Concello a pagar 696.452 euros a Seragua es consecuencia del "pasotismo" de Clara Millán, y no del PP, que no gobernaba en Cangas cuando se acumuló la deuda ni ahora, cuando hay que darle una respuesta. Quien lo asegura es su portavoz municipal, José Enrique Sotelo, que siempre negó esa deuda contraída por anteriores corporaciones y la recurrió en los tribunales cuando ocupó la Alcaldía. Acusa a Millán de recurrir ahora al "victimismo" para descargar las responsabilidades que le atribuye el Tribunal gallego y ganarse, así, las simpatías de los ciudadanos.

Sotelo entiende que la deuda que se atribuye al Concello con la unión temporal de empresas (UTE) Seragua-FCC corresponde a los primeros años de abastecimiento de agua desde Vigo, que se puso en marcha en 1989. Al principio, el servicio no discriminaba entre lo que consumían Cangas y Moaña, y los primeros años ninguno de los dos concellos pagaron el suministro a la Empresa Municipal de Aguas de Vigo (Emavisa), que lo gestionaba, alegando que las facturas no estaban reconocidas. Cuando el servicio se privatizó y Seragua -FCC (actualmente Aqualia) ganó el concurso, se llegó al acuerdo de saldar la deuda en diez años, con pagos mensuales, pero no se liquidó. La empresa denunció y ganó en los tribunales, pero los alcaldes Euloxio López (BNG), primero, y José Enrique Sotelo (PP), después, recurrieron la sentencia, sin éxito, alegando que no había facturas y que, en todo caso, lo reclamado triplicaba la cuantía del consumo real.

Clara Millán entiende que la culpa de que se haya llegado a esta situación y que se enfrente a una posible multa personal es de Sotelo, ya que el silencio administrativo que derivó en la sentencia condenatoria se produjo cuando él gobernaba. Pero el líder del PP tiene claro que cuando él era alcalde no se acumuló deuda alguna, pues en 2003 el servicio ya estaba privatizado. Y añade que dicho silencio administrativo ya fue juzgado, y que lo que le reclama ahora el TSXG a la regidora es que cumpla la sentencia o explique por qué no lo hace, recibiendo la callada municipal por respuesta.

Al margen de las responsabilidades, Clara Millán también alude a un acuerdo al que habrían llegado el Concello y la adjudicataria del servicio para dejar sin efecto la sentencia a cambio de permitir una subida de las tarifas y de establecer un plan de pagos a más largo plazo, dada la falta de liquidez de la institución municipal. Pero el TSXG no habría accedido a ese propuesta, tal como se desprende de los avisos posteriores. La alcaldesa aún no ha podido concretar este aspecto, al estar de descanso la secretaria y el asesor jurídico, que custodian el expediente.

Para el portavoz del PP en Cangas, lo que le exigen los jueces a la alcaldesa es lo mismo que le exige la oposición, en balde. "Están acostumbrados a no responder a nada. Pasan de todo y luego culpan al PP de todo lo que sucede", le reprocha Sotelo.