La infracción urbanística de la casa del teniente de alcalde socialista de Moaña, Víctor Pastoriza, que el Concello abrió en 2005 antes de que fuera concejal, vuelve a ser actualidad. El expediente aparece en la carta que el concejal crítico del PP, Nahur Currás, trasladó al presidente Núñez Feijóo en la que dice que "lo tiene escondido el concejal de Urbanismo del BNG" y que el portavoz popular, José Fervenza, se dedicó a preparar una moción de censura con el diputado del PSOE, Modesto Pose, con la que se iba a tapar éste y otros expedientes "y que le daría la alcaldía de Moaña al PP y al PSOE".
El propio Pastoriza reconocía ayer que desde la última alegación que presentó en 2007 a este expediente no ha vuelto a saber nada más, que la obra que hizo fue para intentar vivir en la casa en donde nació, una vivienda de dos plantas, con 80 metros cuadrados cada una "y que nadie piense que ando haciendo rascacielos". Deja claro que por ser concejal no está dispuesto a perder su condición de vecino y que va a defender su vivienda hasta donde le permita la ley. Añade que la parcela tiene 98 metros cuadrados edificados y 16 metros de frente a la PO-551, aunque está fuera de alineación porque está lejos de la carretera, pero en el nuevo PXOM tendrá 2.000 metros de edificabilidad.
El concejal de Urbanismo, Valentín Piñeiro, no aclaró bien el martes si el expediente "estaba en los cajones o no" y se limitó a decir que venía de la anterior legislatura "que no está relacionada con ésta y está caducado desde la anterior legislatura". Ayer matizó estas declaraciones recordando que el hecho de que esté caducado no significa, que la infracción haya prescrito. "Simplemente caduca cuando lleva tiempo parado el expediente, pero se puede retomar en cualquier momento". En este sentido, el nacionalista defiende que "el expediente sigue una tramitación normal. Es del 2005 y todavía hay otros sen resolver de 2004 o 2003 que estarían por delante en la tramitación".
Por su parte, el alcalde, el nacionalista Xosé Manuel Millán, manifiesta que el expediente está abierto y sigue su tramitación, aunque desconocía ayer la fecha de la última resolución. Atribuye esta polémica a la "fiesta que tiene montada el PP, en la que no entramos".
Víctor Pastoriza insiste en que desde 2007 no ha vuelto a saber nada más del expediente. Según ha tenido acceso este periódico, el expediente se abrió de oficio en una inspección de obras en junio de 2005 por la demolición y reconstrucción de la planta alta de la vivienda unifamiliar, de 90 metros cuadrados, en Meira. La obra "no se adapta a la licencia municipal de conservación de cubierta y está fuera de alineación", refleja el inspector.
Tras dicha inspección, el alcalde firmó una resolución, el 29 de junio, requiriendo a Pastoriza la suspensión de las obras y abriendo el correspondiente expediente de reposición de la legalidad con la advertencia que de no paralizar las obras se procederá a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas de 600 a 6.000 euros. La resolución fue entregada el 6 de julio de 2005 y el 21 de julio se abrió un trámite de audiencia para que en diez días Pastoriza alegara la documentación pertinente. El 9 de agosto, Pastoriza solicita que el Concello le permita continuar con las obras con su compromiso de legalizarlas tan pronto como sea posible. Del expediente, manifiesta su intención clara de legalizar las obras realizadas "non sendo posible na actualidade por obrigar as ordenanzas vixentes a cumprir coa alineación oficial que situase por diante da que ten a miña vivenda". Pero añade que teniendo en cuenta que el Plan Xeral del Concello está en estudio "permitirá legalizar as obras realizadas" es por lo que solicita que se le permita.
En junio de 2006 el Concello vuelve a incoar expediente de reposición de la legalidad urbanísta y se abre un nuevo plazo de 10 días para alegaciones. En diciembre se resuelve el expediente que confirma que las obras son ilegalizables y resuelve la demolición de las mismas al no ser conformes a las Normas Subsidarias. Le advierte que de no realizarlas en un mes, se podrá acordar la ejecución forzosa mediante imposición de multas de 1.000 a 10.000 euros. Al día siguiente, el secretario municipal dicta la misma resolución pero comunica que puede presentar recurso contencioso.
