Tras el fallo judicial que absuelve a los tres policías locales de Cangas: el sargento Alberto Agulla; el cabo Martín Piñeiro y el agente Enrique Lago Soto, acusados de delito de atentado contra la persona del ex concejal del PP, Nardo Faro Lagoa, no se descarta que los implicados soliciten una indemnización al Concello de Cangas. Cabe recordar que el gobierno de José Enrique Sotelo les abrió un expediente disciplinario por el que estuvieron tres meses suspendidos de empleo y sueldo.

Fuentes próximas a la defensa de los policías señalan que el Concello de Cangas no puede castigar por unos hechos que después acaban en el juzgado con una sentencia absolutoria. En este sentido, la Asociación de Xefes de Corpos e Mandos de Policía Local de Galicia (AXEMPOL) señala que al inspector José Alberto Agulla se le causó un grave perjuicio en su carrera profesional.

La juez señala en su sentencia que "no consta acreditado que los acusados sean autores de un delito de atentando tipificado en los artículos 550 y 551.2 del Código Penal, en concurso ideal con un delito de injurias y de faltas de lesiones de los que se les acusa, tampoco consta que el acusado Bernardino Faro Lagoa sea autor de la falta de injurias por la que se formuló acusación contra él".

La absolución se alcanza de la apreciación conjunta de las pruebas, según el fallo judicial, que menciona la tensión que había entre las partes esos días por culpa de manifestaciones en la prensa, motivo por el cual la Policía había convocado una rueda de prensa en las dependencias policiales. "Y siendo evidente que los ánimos estarían caldeados por ambas partes, era previsible que su presencia (la del edil Faro Lagoa) no fuera bien acogida por los policías locales, quienes abuchearon al concejal pidiéndole que dimitiera y se fuera, siendo incluso más que probable profirieran alguna expresión despectiva hacia el mismo, sin descartar tampoco que tales expresiones fueran igualmente utilizadas por Bernardino Faro, desde el momento en que sin ningún pudor los descalificaba públicamente llamándoles vagos".

Fundamental en el proceso fue el hecho de que el ex concejal Nardo Faro Lagoa presentara un parte médico elaborado quince días después de los hechos por un médico particular y manifestando que no acudió al centro de salud por vergüenza, "obrando únicamente en las actuaciones un informe forense en el que la médico forense se limita a recoger lo que el Sr. Faro Lagoa le manifestó". También queda muy tocada en su declaración la testigo Carmen Rodríguez, al advertirse una contradicción entre las declaraciones que realizó a la Guardia Civil el día de los hechos en las que declaró que no había podido ver bien lo sucedido, y las que hizo en la vista oral cuando dijo que lo había visto todo. La juez señala que también se desprende una implicación personal en la testigo, "aludiendo a agresiones verbales y físicas a la misma, sintiéndose muy humillada y declarando que después de estos se