Nueva sorpresa en la política de Cangas. Al Concello de Cangas están llegando denuncias de los distintos juzgados Contenciosos Administrativos de Pontevedra presentadas por concejales del grupo del Partido Popular en las que reclaman el dinero por asistencia a plenos y comisiones informativas a título individual desde 2008. Con fecha del día 22 de abril entraron en las dependencias municipales las presentadas por los ediles Jesús Manuel Graña Graña y María José Prieto. Ayer lo hicieron las denuncias presentadas por el ex alcalde José Enrique Sotelo y la de los concejales Alba Cordeiro y José Luis Gestido. Todo hace suponer que en los próximos días vayan llegando las de los demás ediles del PP. (tiene 8 representantes)

Desde el partido que lidera José Enrique Sotelo se era reticente a hablar ayer sobre esta cuestión. El propio Jesús Manuel Graña Graña aseguraba ayer que no le constataba ninguna reclamación vía judicial para cobrar las asignaciones por asistencias a plenos y comisiones. Recordaba que en septiembre del pasado año sí había presentado un escrito en secretaría por el que pedía el abono de la citada cantidad, incluso solicitaba una resolución para la que se reconociera el derecho al abono de la indemnización correspondiente. La concejala Alba Cordeiro aseguraba ayer que eran sólo rumores. Sin embargo, el registro de entrada de las demandas no deja lugar a dudas. El abogado que lleva a Jesús Manuel Graña Graña es Juan Areses Trapote, igual que el de Alba Cordeiro, José Luis Gestido y José Enrique Sotelo. Se trata de procedimientos abreviados todos ellos contra el Concello de Cangas. El recurso de Sotelo se dilucida en el Juzgado Contencioso Número 3 de Pontevedra, mientras que el de los demás concejales se despacha en el Número 1.

Sotelo

Ya más tarde, el portavoz del PP, José Enrique Sotelo, jugaba un poco a la ambigüedad con este asunto. Al final, admitió que el gobierno local no les había dejado más opción, ante el desprecio absoluto que, según él, la alcaldesa tiene con la oposición mayoritaria. Recuerda que en su momento el PP presentó escritos solicitando las certificaciones de las cantidades adeudadas y que tuvieron la callada por respuesta. Recordó que se había recurrido al Valedor de O Pobo, "pero dalle igual, por un oido lle entra e por outro lle sae". También se pregunta Sotelo a dónde desvió el concejal de Facenda el dinero que se les adeuda. Asegura que no se trata de cobrar, "senón de que o goberno ignora a oposición.

Los magistrados advierten al Concello de que dispone de diez días para emitir las certificaciones en las que se haga constar las fechas y el número de asistencias de los concejales a la sesiones plenarias y comisiones informativas

Todos los ediles del PP que denunciaron hacen mención en su demanda al escrito presentado ante el Concello de Cangas por el que supuestamente se desestimó su solicitud de abono de las cantidades correspondientes por asistencia a plenos y comisiones informativas.

El concejal de Hacienda, Xosé Xoán Santamaría, afirma que el PP calcula que se deben 3.000 euros por concejal. Santamaría cree que esa cantidad es excesiva y dice que la deuda total con todos los concejales de la corporación municipal de Cangas ronda los 30.000 euros.

Las reclamaciones judiciales del PP para cobrar las asistencias a plenos y comisiones llegan precisamente en el momento en el que se está en la calle el debate sobre los salarios de la alcaldesa y de los concejales con dedicación exclusiva. El PP mantiene la incógnita sobre si va a respaldar o no la moción de ACE para acabar con el salario de los miembros del grupo de gobierno:_la alcaldesa Clara Millán y dos concejales, Óliver Álvarez (BNG) y Toñi Queimaño (PSOE). El gobierno municipal, cuando aún lo formaba el tripartito, había decidido que dada la situación económica del Concello de Cangas, había más prioridades que la de que los ediles cobraran puntualmente las asistencias a plenos y comisiones informativas. El concejal de ACE, Xosé Manuel Pazos afirma que fue una decisión unilateral del concejal de Facenda, Xosé Xoán Santamaría. También afirma que el PP está en su derecho en acudir a los tribunales.

Las retribuciones que se habían acordado a principios de mandato era de 90 euros por asistencia a plenos, 36 euros por junta de gobierno y 24 euros a los miembros de las comisiones informativas, excepto los presidentes de las mismas, que cobrarían 36 euros.

En los presupuestos municipales aprobados en 2008, para retribuciones básicas a órganos de gobierno se había fijado una cantidad de 112.350.00 euros y 28.780 para dotar a los grupos políticos.