La Xunta procederá a derribar 3 edificaciones en la costa de Cangas tras una sentencia del TSXG

JUAN CALVO - CANGAS Ahora que la Axencia de Legalidade Urbanística, creada en 2006 por el gobierno bipartito de la Xunta, languidece, se pone de manifiesto su actuación en el año 2009 en Cangas, en lo relacionado con los expedientes de infracción urbanística en la costa, una de las asignaturas pendientes de Cangas que ninguno de los gobiernos autonómicos supo resolver.
En estos momentos hay abiertos tres expedientes en fase de ejecución forzosa, que llevan aparejado el derribo de las edificaciones construidas. No se indican cuáles, pero sí se hace mención a que el derribo se emprenderá porque ya hay sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. También en el año 2009 fueron resueltos 13 expedientes de reposición de la legalidad urbanística y se tramitaron sólo dos. Los expedientes sancionadores resueltos y que conllevan el pago de una multa fueron 4 y los expedientes sancionadores en tramitación ese año alcanzaron los 5.
Cortes de luz y agua
Pero estos datos son sólo la punta del iceberg de una situación que Cangas padece y a la que no se le dio solución. Hubo un intento por parte del ex alcalde del BNG, Euloxio López, por hacer frente al desaguisado que las chabolas, instalación de caravanas y galpones estaban realizando en la costa, pero fue entonces cuando la Xunta de Manuel Fraga se apoderó de las competencias que en esta materia tenían los municipios. Ahora sólo pueden cortar la luz a los infractores. Pero es sólo una medida provisional, como con el paso de los tiempos se puede comprobar. De hecho, sobre la mesa de la alcaldesa de Cangas, Clara Millán, hay numerosas peticiones para que el Concello restablezca el servicio eléctrico cortado o el agua, por que hay una sentencia judicial que así lo dice. El Concello no sabe a qué atenerse, porque por otro lado son expedientes de infracción que se trasladaron a la Xunta y que teóricamente están sin resolver.
La Xunta de Galicia, en el año 2007, tenía pendiente de resolver 285 infracciones en la costa de Cangas que se remontan al año 1995. Fue en el año 2003 cuando la estadística refleja un mayor número de expedientes abiertos, 57. En los años anteriores no se había pasado de los 22 (1997), en 1995 se abrieron 4; en 1996, 8; en 1998, 10, igual que en 1999; 14 en el año 2000; 15 en 2001, 38 en 2004; 52 en 2005 y 33 en 2006.
El gobierno local traslada todos los años los expedientes a la Xunta de Galicia. El ex alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo, recibía, con el bipartito gobernando Galicia, la respuesta de que estaban sin resolver. Ahora, la alcaldesa de Cangas, Clara Millán, reclama una reunión urgente con el conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández, para estudiar una situación que se remonta 15 años atrás.
También es verdad que los tribunales de justicia mantienen paralizados los expedientes, ya que decisiones firmes en vías administrativas fueron recurridas, en su día, ante los pertinentes tribunales de justicia.
Retirar a los concellos las competencias en esta materia no mejoró las cosas, si acaso burocratizó más un proceso que debería ser más ágil si de verdad se quiere que funcione.
La mayoría de los expedientes abiertos son por instalación ilegal de caravanas, un boom que tuvo su mayor esplendor en los años 2005 y 2006, precisamente cuando el control para evitar que se asentaran estas caravanas era mayor.
Las primeras infracciones a afectaban sobre todo a la zona del litoral de Areabrava, en la parroquia de O Hío, pero después hubo mayor incidencia en Punta Alada.
Las principales infracciones son la construcción de cobertizos de bloques y uralita, casetas de madera con caravana, viviendas prefabricas y ampliaciones, poste de hormigón para el cierre sin permisos de propiedades y construcción en zonas de protección de Costa.