G.M.P. - CANGAS
La brigada de vías y obras del Concello de Cangas retiró ayer la maleza, restos de podas y postes de hormigón que dificultaban el paso en el Camiño da Paraísa, en el lugar de A Rosada (Coiro), que figura en el inventario de bienes municipales, y que Fidel González, vecino de Madrid y dueño de una casa colindante, considera parte de su finca. Los operarios actuaron a primera hora de la mañana por mandato de la alcaldesa, llevándose también los carteles que identificaban ese acceso como "propiedad privada", así como los anuncios en los que se advertía de la instalación de cámaras de videovigilancia, cuya legalidad están investigando los servicios jurídicos municipales por su atentan contra el derecho a la privacidad de los transeúntes.
Clara Millán volvió a reunirse esta semana con varios vecinos afectados y miembros de la asociación Río Bouzós, que le instaron a actuar ya para defender los intereses públicos. Así lo hizo a través de una resolución que se cumplió ayer y en medio de una creciente tensión vecinal que se hizo más patente en los últimos días con las pintadas insustantes aparecidas en un muro y un portal de la finca de Fidel González, al que se acusa de usurpar el camino con la complicidad de un vecino colindante, así como el incidente en que se vio envuelto un inspector de obras municipal al que, presuntemente, una empleada de la casa arrebató la máquina fotográfica con la que estaba realizando un informe para el Concello.
La actuación de ayer se realizó sin incidentes. Una patrulla de la Policía Local y agentes de la Guardia Civil acudieron a la zona y se mantuvieron cerca en previsión de altercados, pero nadie salió de la casa. Los operarios retiraron la maleza acumulada, así como varios postes de hormigón que cortaban el paso y los cargaron en el tractor para llevar a un vertedero. También retiraron los carteles indicativos de la propiedad, de lo que se felicitaron algunos vecinos del entorno, y sobre las 11 de la mañana finalizaron su faena. El dueño del chalé colindante había advertido previamente que la alcaldesa incurriría en desacato a una sentencia judicial si actuaba en el vial, aunque la mayoría de los vecinos sostienen que el fallo de los jueces corrobora que el camino es público.