F.G.S. - CANGAS
Los 13 trabajadores de la hormigonera de Luis Barrios, ubicada en A Portela, y que tendrá que cerrar en dos meses según confirmó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), amenazan ahora con movilizarse ante el Concello, alegando que "imos a ser nós os que carguemos coas consecuencias de que en setembro de 2006 se lle dera unha licenza irregular ao empresario". En este sentido solicitan al gobierno local que "faga as xestións necesarias para poder desenvolver un polígono na zona de A Portela". De esta forma, la intención de los obreros es que el suelo pase de ser rústico a industrial, y así "salvar" la veintena de naves de la zona.
"Se a alcaldesa se atreve a pechar a a planta imos chegar ata onde sexa para defender os postos de traballo; se temos que acampar dentro do Concello o faremos", asegura Silverio Javier Campos, uno de los trabajadores. La regidora, Clara Millán, aclaró la semana pasada que no tenía intención de incumplir la ley en este asunto. Por este motivo, los empleados de la hormigonera defienden que "a lei é para todos igual; polo tanto, se pechan esta empresa tamén deberían pechar todas as demais que se levantan nestas 20 hectáreas de solo rústico", apunta Campos.
Pese a esta afirmación y a que en abril solicitaron el cierre de otros 19 negocios de la zona, la plantilla asegura que no tiene nada en contra de estas empresas. "Nós só queremos que a lei se cumpra con todos", indican. Asimismo, dicen que los responsables de las otras naves apoyan su causa: "Que non pensen que con pechar a nave van solucionar o tema", avisan.
Por otro lado, los obreros critican que Millán les dijese que la licencia que tenían era provisional. "Trátase dun permiso para actividades molestas, nocivas e perigosas, que se puido conceder de xeito irregular, pero que non é provisional", argumentan tres de los afectados: Javier Barreiro, Silverio Campos y José Manuel Barreiro.
Denuncia
La hormigonera fue denunciada por la Asociación de Veciños de A Portela, pero en septiembre de 2005 el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Pontevedra desestimó la petición de este colectivo para suspender cautelarmente la actividad. De esta forma no se llegaría a una situación como la actual, con unos trabajadores que llevan cinco años en este negocio.
En marzo de 2009 el TSXG confirmo la nulidad de la licencia municipal. En el fallo aduce que se prohibe la concesión de permisos provisionales para usos industriales y residenciales, además de argumentar que este tipo de permisos se otorgan a construcciones fácilmente desmontables, "pero el uso previsto, la fabricación de hormigón fresco, hace que las instalaciones no puedan ser desmontadas con facilidad".
