CRISTINA G. - CANGAS
El titular del Juzgado número 1 de Cangas inició ayer la ronda de declaraciones a los afectados por la presunta estafa de seguros de la agente Pilar Pérez, que sigue en prisión desde su detención a finales de octubre pasado. Ayer estaban citados a declarar 7 de los casi 40 afectados que presentaron denuncia aunque sólo comparecieron cuatro, uno por un seguro del hogar y los otros por seguros de vehículos por los que pagaron en mano a la mencionada agente cantidades entre los 240 y los 600 euros que, sin embargo, ella presuntamente no ingresó en la compañía aseguradora para dar de alta la póliza. Los afectados acudieron en compañía de la abogada Nieves García, que les defiende en esta presunta estafa de los seguros.
Hay que recordar que Pilar Pérez, que operaba desde dos oficinas en Cangas y en Marín, también está denunciada por una presunta estafa en la gestión de fondos de inversión, si bien estas diligencias las lleva el Juzgado número 3 de Cangas. Fue precisamente la denuncia de un vecino de Cangas en el mes de julio que se sintió engañado en el trámite de unos fondos de inversión por valor de 726.000 euros la que destapó la presunta estafa y el inicio de una operación por parte de la Guardia Civil, denominada “Embrujo” que llevó a la detención de la mujer, de su marido A.L.M., de 53 años y de su hija, R.L.P., de 28 por su presunta colaboración. Padre e hija quedaron en libertad tras declarar en el Juzgado de Cangas, no así Pilar Pérez, contra la que se decretó el ingreso en prisión. La Guardia Civil estimó que la presunta estafa podría rondar los 2 millones de euros. La agente ofrecía una alta rentabilidad, en torno a un 10% con varios productos financieros “la mayor parte de las veces con documentos falsos”.
Con las declaraciones de ayer a los afectados, que se realizarán todos los jueves hasta completar las de los cuarenta, el Juzgado inició así el procedimiento de diligencias previas en el caso de la presunta estafa de seguros que proseguirá después con la declaración a los imputados. Posteriormente vendrá la calificación del fiscal, de la acusación particular y del juez. Por lo de pronto, las diligencias se están tramitando como presunta estafa y los afectados lo que reclamarán, además de la condena penal es una indemnización por el seguro que no se pagó y por el que tuvieron que abonar.
“Siempre respondió bien”
Uno de los afectados que declaró ayer es un vecino de Cangas que ya llevaba años contratando una póliza de seguro del hogar con la mencionada agente. Declaró que nunca había tenido problema con ella, que le pagaba el dinero en mano en su oficina de Cangas y ella le daba un comprobante conforme lo había recibido. Al mes siguiente solía llegar a su casa la póliza de la compañía. Sin embargo, el año pasado cuando le venció la póliza del hogar y la pagó en la oficina de Pilar Pérez, no recibió después la póliza. La familia intentó ponerse en contacto con la agente pero se encontraron la oficina de Cangas cerrada. Entonces llamaron a la compañía de seguros que les confirmó que en tres ocasiones intentaron cobrar la póliza a la agente de seguros y a la tercera ya la dieron de baja. Este vecino declaró que también tenía contratado con ella el seguro del coche y, sin embargo, estaba en regla, incluso lo comprobaron con la Guardia Civil en vista del revuelo que se organizó en Cangas con la presunta estafa: “Era una persona muy sociable con la que teníamos buen trato. Cuando ocurrió todo nos cogió por sorpresa. Parecía de película”, asegura esta familia. Las declaraciones de los otros tres afectados también fueron en este sentido, según la abogada.
La situación en el caso de los impagos de los seguros quedó al descubierto cuando un vecino de la localidad, José Luis Caíño, fue parado por la Guardia Civil en un control de tráfico y comprobó que la póliza del seguro de su coche no estaba de alta. El vecino, que en la actualidad reside en Santander, denunció su caso en la prensa y, en seguida, una veintena de personas confirmó que se encontraba en similar situación. La oficina de Pilar Pérez ya había cerrado y los afectados no sabían donde reclamar por lo que se constituyeron en plataforma y decidieron denunciar judicialmente el caso.
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