G.M.P. - CANGAS
El Plan Xeral de Cangas sigue "secuestrado" y cerrado a la oposición, según denuncia el PP, que culpa de esta situación a los mismos grupos que, cuando no estaban en el gobierno, reclamaban su derecho a participar en el proceso. Advierte que si en el Concello no les facilitan una copia del documento con los convenios urbanísticos –que ayer volvieron a exigir, por escrito, con el respaldo de más de un tercio de la corporación–, recurrirá a la Justicia para lograrlos.
El portavoz popular, José Enrique Sotelo, documenta sus críticas con las palabras que pronunció la ahora alcaldesa en el polémico pleno que aprobó los convenios urbanísticos de Aldán y Massó, el 30 de julio de 2004: "O BNG non está de acordo que os convenios se segreguen, non queremos un Plan Xeral por parcelas. Nós temos dereito a participar, e vostedes o que fan é secuestrar o PXOM". Además, Sotelo lamenta que tengan que enterarse de cada paso "por la prensa", de donde recogen datos "preocupantes" y "escandalosos", como la nueva propuesta para ordenar O Salgueirón. "Si antes se permitían entre 700 y 750 vivendas, ahora proponen 650, y además sin concretar la superficie. Lo que antes era ilegal, ahora vale todo", critica , y añade como ejemplo el visto bueno al convenio de Areamilla, donde "no se cumple ninguno de los parámetros legales" y las cesiones anunciadas son, en realidad, dominio de Costas, afirman.
Para el PP, todo lo que rodea al área municipal de Urbanismo representa "uno de los episodios más oscuros de la etapa democrática", y destaca entre esas supuestas irregularidades la contratación por parte de Mariano Abalo de la empresa A Oitava Illa, "la misma que le hizo la campaña electoral", de asesores urbanísticos externos, las comidas con representantes inmobiliarios en restaurantes de la comarca y en el Club Financiero de Vigo, las sentencias desfavorables o la falta de transparencia en el PXOM, que el PP tuvo que conseguir "en el mercado negro". La permanencia de Abalo como concejal con dedicación exclusiva, a pesar de que la alcaldesa le ha retirado las competencias, es el "último escándalo" del proceso.
Para el PP, si Clara Millán mantiene a Abalo en el puesto y este "soporta todas las humillaciones" es por supervivencia política, que va en detrimento de los ciudadanos cangueses y perjudica el desarrollo urbanístico. "Son una pandilla mal avenida de incompetentes", resume Sotelo, que insiste en que su grupo "no está de acuerdo, ni con el fondo ni con las formas" del Plan Xeral, y en la necesidad de ampliar los núcleos, dotar de infraestructuras a las parroquias y hacer "viables" los convenios.