JUAN CALVO - CANGAS
Las reclamaciones judiciales que realizan las empresas al Concello de Cangas empiezan ya a colapsar el registro y la asesoría jurídica. Cada día llegan al Concello novedades que pintan un negro futuro para la economía de Cangas y menos mal que los bienes y cuentas de los concellos no son embargables. La empresa Aqualia, que gestiona actualmente el servicio municipal de agua de Cangas, parece que está dispuesta a llegar hasta el final. En un escrito de fecha de 18 de noviembre del presente año, Aqualia y Fomento de Construcciones y Contratas piden al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ejecute su sentencia de 21 de septiembre de 2006, por el que se condena al Concello al pago de 696.452,07 euros.
En el escrito que la empresa dirige al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia afirma que "la sentencia no ha sido ejecutada en debida forma, tal y como esta parte solicitó en su escrito presentado el 4 de noviembre de 2008, y ese Tribunal acordó por medio de la providencia de 9 de diciembre de 2008". También menciona que a los 696.452,07 euros de la condena hay que añadir ahora los intereses legales.
Actualizar tarifas
El conflicto entre las partes viene ya de atrás. En el anterior gobierno del Partido Popular, se consideró que Cangas no debía pagar esta deuda por el agua de la traída que viene de Vigo. Su negativa se tradujo en este conflicto judicial que no hace más que incrementarse. Evidentemente, el hecho de que el pleno de la corporación municipal no se pusiera de acuerdo para actualizar las tarifas del agua conforme figura en el contrato firmado entre las partes, no ayudó tampoco demasiado a que esta situación mejorara, al contrario. De hecho, Aqualia no descarta tampoco recurrir a la vía judicial para conseguir esa actualización de la tarifa.
Todo esto cuando la semana pasada se supo que Cangas afronta el pago de 3,5 millones de euros que reclaman por vía judicial las empresas que realizaron trabajos para el Concello. Movex Vial es el demandante principal, con dos juicios pendientes, en uno reclama 410.186,36 euros y en tonro la cantidad que exige cobrar alcanza nada más y nada menos que 1.123.514,20 euros. La UTE de la piscina, de la que forma parte Movex Vial reclama 1.197.000 euros. Limpiezas Faro, reclama también dinero al concello en los juzgados.
Presenta una relación de facturas cuyo importe final alcanza los 208.957,93 euros. La primera factura pendiente de cobro, según la documentación que aporta esta empresa, se remonta al año 2001 y la última es del 11 de enero de 2008.
