DAVID GARCÍA - BUEU
La maquinaria está en la isla de Ons desde hace más de una semana esperando el momento para acometer la demolición de los inmuebles afectados por las sentencias del Juzgado de lo Penal de Pontevedra. La orden de acción estaba fijada para el pasado lunes, pero el mal tiempo y el temporal lo impidieron. El nuevo mandato marca la jornada de hoy como nuevo Día D y los afectados se preparan para impedir que la maquinaria acceda a las que consideran sus propiedades. Afirman que si el órdago de los tribunales y de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) va en serio prefieren ser ellos los que derriben las construcciones. Para ello esperan contar con el apoyo del resto de vecinos e isleños. A primera hora de hoy está previsto que salga un barco desde Bueu y en principio se prevé que se desplacen a la isla alrededor de un centenar de personas. Sin embargo, tampoco es descartable que el mal tiempo conceda otra nueva prórroga.
Los inmuebles afectados son tres: dos viviendas y un bar. La maquinaria tiene orden de actuar sobre las dos primeras porque los propietarios del establecimiento hostelero presentaron un escrito ante el juzgado, aportando un presupuesto, y en el que se comprometen a asumir ellos mismos la demolición del cerramiento de su terraza.
Las otras dos edificaciones forman parte de las casas 17 y 25. En ambos casos, sus propietarios defienden que lo que hicieron fue rehabilitar como espacio habitable antiguos galpones o “cortellos”. La familia de María del Carmen, del Restaurante el Pescador, es la propietaria de la vivienda 17 y muestran su desazón por la decisión judicial. “Nuestros antepasados tenían una casa en el lugar, que era la única que había en la zona, y luego construyeron otra al lado, hace unos 70 u 80 años. La original se dejó como una especie de ‘alboio’ para los animales y para cosas del campo”, explican. Con el tiempo, cayó en el desuso y en la ruina. Entre 1998 y 1999 decidieron recuperarla de nuevo como vivienda, aunque desde Medio Ambiente y desde el Concello de Bueu se les abrió expediente. “Lo curioso es que nos obligan a tirar la construcción que se levantaba sobre la casa original”, explican sorprendidos.
Sin aviso
El caso de la vivienda número 25 es similar. Manuel Otero, de Casa Acuña, explicaba ayer que la sentencia del Juzgado de lo Penal les obliga a demoler una construcción de unos 80 metros cuadrados. “Originalmente era un galpón que lo utilizábamos para guardar los animales, como las gallinas y los cerdos”, cuenta. Las obras de reforma se ejecutaron también entre 1998 y 1999 y según su responsable “nadie nos dijo nada ni se nos aviso de que no se podían hacer hasta que ya teníamos el tejado levantado”. Aún así, tuvieron que afrontar una fuerte sanción económica y que no impide la ejecución de la sentencia.
Los afectados estuvieron reunidos la semana pasada con responsables de la APLU, una vez que tuvieron conocimiento del inminente derribo y lograron un aplazamiento. Pero tienen asumido que ahora “es casi imposible” evitar la ejecución de las sentencias, que datan del año 2005. Ayer zarpó desde Bueu un primer barco con algunos vecinos que se dirigían a la isla, entre ellos los afectados, y entre el material que transportaban destacaban las herramientas para afrontar ellos mismos la demolición de los inmuebles. Como paso previo, ayer retiraron del interior sus enseres y muebles. “Vamos a intentar que no derriben nuestras casas, pero si hay que hacerlo preferimos hacerlo nosotros para que no nos carguen las costas”, insiste el propio Manuel Otero. No es una cuestión menor porque esa cuantía se acerca a los 50.000 euros por cada edificación.
La hija de Manuel Otero es María Jesús Otero, presidenta de la Asociación Veciñal Illa de Ons, que fletará un barco para trasladar a Ons a todos los vecinos interesados en participar en las movilizaciones. El objetivo es concentrarse delante de las máquinas si éstas hacen amago de dirigirse a alguna de las edificaciones y así permitir que sean los propios afectados los que acometan el derribo. De todos modos, María Jesús Otero Acuña realizó ayer un llamamiento a “mantener el orden y a oponerse a las excavadoras de modo pacífico”. Ante la posibilidad de que se registre algún tipo de incidencia, se prevé la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional o Guardia Civil).
Pancartas y críticas
Entre el material que se trasladó ayer a Ons destacaban las primeras pancartas, en las que también se solicita la participación de los visitantes y personas que acuden a pasar su tiempo de ocio a la isla. Y también las inevitables críticas hacia Parques Nacionales, Xunta de Galicia y Concello de Bueu. “No hay derecho a que ellos hagan lo que quieran, que realicen obras nuevas como la caseta esa que tienen donde está la maquinaria y que nosotros no podamos arreglar nuestras casas”, clamaban la mayoría los vecinos.
El descontento con el gobierno autonómico y con el local era también más que patente: “No nos podemos fiar de los políticos. La próxima vez que vengan a los mítines y a pedir los votos lo que tenemos que hacer es tirarles nuestros carnés diciéndoles ‘ahí tenéis nuestros votos’”.
