J.C. - CANGAS
Las declaraciones de los inmigrantes imputados en la supuesta red que se dedicaba a legalizar con documentación falsa a trabajadores, principalmente, de origen marroquí, que tenían que comenzar el pasado jueves en el juzgado número 3 de Cangas, fueron suspendidas por carecer de un intérprete. Al parecer, no se avisó con antelación suficiente de la necesidad de contar con estos profesionales. Son 12 los inmigrantes que tendrán que pasar por las dependencias del juzgado número 3 de Cangas y sólo hablan francés o árabe.
Tras la ronda de declaraciones de los inmigrantes implicados en la trama, bien como víctimas o como actores, todo hace suponer que el juez vuelva a llamar a declarar a Carmen M., conocida también como la brasileña o la portuguesa y al jefe de Estadística del Concello de Cangas, José L.B. La Policía Judicial sospecha que ella es la que se ocupaba de acudir al Concello de Cangas a recoger informes falsos de residencia que supuestamente elaboraba el citado funcionario. Se les imputa un delito de falsedad documental y otro contra los derechos de los trabajadores extranjeros. La investigación apunta a una red que opera por toda la provincia de Pontevedra, principalmente en Cangas, Marín, Ribeira y Cambados, y que se dedicaría a la regularización ilegal de ciudadanos extranjeros, principalmente marroquíes. Cada inmigrante pagaría unos 1.500 euros por la documentación falsa..
El jefe de estadística del Concello supuestamente acreditaba que el inmigrante en cuestión vivía desde hacía tres años en Cangas, en el domicilio de Carmen M. Se han detectado al menos una veintena de casos de inmigrantes que no conocían Cangas pero cuya documentación certificaba que habían residido allí durante este tiempo.
