DAVID GARCÍA - BUEU
Los vecinos de la isla de Ons iniciarán desde hoy una serie de movilizaciones y acciones de protesta para tratar de impedir la ejecución de las sentencias que obligan a la demolición de tres inmuebles: dos casas y la terraza de un bar. Hoy mismo saldrá un barco desde el puerto buenense con isleños a bordo para vigilar que las máquinas desplazadas hace una semana al archipiélago no comienzan a trabajar. Será sólo una avanzadilla porque mañana martes se fletará otra embarcación que trasladará a la isla a más de un centenar de personas, dispuestas a concentrarse delante de los inmuebles afectados y de la propia maquinaria para impedir los derribos. Así se acordó ayer tarde en una concurrida asamblea convocada por la Asociación de Veciños Illa de Ons y que se celebró en el Centro Social do Mar de Bueu.
La directiva de este colectivo, presidida por María Jesús Otero Acuña, realizó un llamamiento a la unidad vecinal y se esforzó por trasladar un mensaje: "Que nadie piense que los afectados somos sólo tres; en la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística [que depende de la Xunta] hay más de una veintena de expedientes más. Si cae la primera casa, nadie puede saber cuantas más vendrán después". Por ello, Otero Acuña reclamó a los isleños y a sus descendientes que aparquen su tradicional división –en la isla hay dos asociaciones de vecinos– para defender una posición común ante la Xunta de Galicia, Parques Nacionales y los tribunales. "Lo único que nos queda en la isla son nuestras viviendas, si nos las tiran ya no nos quedará nada", afirmaron. En la asamblea también estaban presentes miembros del otro colectivo vecinal, San Xaquín de Ons, y que mostraron su disposición a participar en las protestas.
Las movilizaciones tienen un doble objetivo: mostrar la solidaridad con los afectados y obligar a la Administración a sentarse con la comunidad vecinal a buscar una salida negociada. Los propietarios de los inmuebles con sentencia judicial asumen que "lo tenemos casi imposible" porque si es la Xunta quien derriba sus casas deberán hacer frente a las costas [entre 30.000 y 50.000 euros]. No obstante, buscan la implicación del resto de vecinos y evitar así que los demás expedientes que obran en la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística sigan el mismo destino.
Lo que también quedó ayer claro es el malestar con el Patronato del Parque Nacional –las críticas se centraron en su presidente, Fernando Garrido, y creen que es el organismo que está presionando para que se ejecuten las sentencias–, pero sobre todo con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. "La isla le apoyó mayoritariamente y ahora nos encontramos con esto. En las próximas elecciones pondremos la palabra ´colonos´ en las papeletas para que nuestros votos sean considerados nulos", afirmaron al finalizar la reunión algunos de los presentes.
