DAVID GARCÍA - BUEU
El Juzgado de lo Penal de Pontevedra acaba de ordenar la demolición parcial de tres inmuebles en la isla de Ons, que forma parte del Parque Nacional Islas Atlánticas. Las sentencias son firmes y datan del año 2005, pero como los afectados no cumplieron con el fallo, el juzgado obliga ahora a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, que depende de la Xunta de Galicia, a hacerlas efectivas de manera inmediata. De hecho, según confirman algunos vecinos en los últimos días se trasladó hasta la isla diversa maquinaria para dar cumplimiento al mandato judicial. Sin embargo, esa ejecución ha quedado pospuesta ya que los afectados han alcanzado un acuerdo con el juzgado para ser ellos mismos quienes asuman la demolición parcial de sus inmuebles. No es una cuestión baladí ya que si fuese la administración la que ejecutase el derribo, a continuación pasaría la factura a los vecinos y ésta ascendería a unos 50.000 euros por edificación. En todos los casos, se les condena por un delito contra la ordenación del territorio.
Las edificaciones afectadas son tres y están en el entorno del lugar del Curro. Una de ellas es un establecimiento hostelero que ha cambiado varias veces de nombre y propietario, que ahora mismo se llama “O Pirata”. En este caso, el fallo judicial hace referencia a la terraza del local y que los dueños en su día cerraron para protegerla de las inclemencias meteorológicas. La sentencia obliga a derribar esa reforma y a devolver la zona a su estado anterior. Las otras dos edificaciones afectadas son dos viviendas, la número 17 y la número 25. Los dos casos resultan muy parecidos ya que sus propietarios realizaron una ampliación de las mismas aprovechando unas antiguas “cortes” que ya no se utilizaban. Al igual que en el casi anterior, los jueces obligan a que se derribe la obra nueva y permite conservar el resto de la vivienda original.
Un largo proceso
Esta sentencia es el culmen de un largo proceso administrativo y judicial iniciado hace varios años. Las denuncias fueron interpuestas en su día por la Consellería de Medio Ambiente y fueron firmadas por el Concello de Bueu durante el mandato de 1999-2003, según afirma la presidenta de la Asociación de Veciños Illa de Ons, María Jesús Otero Acuña. A continuación, el expediente pasó al Juzgado de lo Penal de Pontevedra, que dictó sentencia. El nuevo mandato judicial prohíbe dar publicidad a su contenido, tal como confirmaron fuentes de la Administración consultadas por este periódico y que rechazaron explicarlo para no contravenir la orden del Juzgado de lo Penal de Pontevedra.
La familia de la propia María Jesús Otero Acuña es una de las afectadas por esta sentencia y mostró su malestar. “Ésto es una tomadura de pelo y un ataque directo contra los vecinos. Parques Nacionales está construyendo una caseta nueva en las inmediaciones de la bajada a la playa de Area dos Cans y ahí no pasa nada”, critica María Jesús Otero.
La dirigente vecinal lamenta que la normativa urbanística que rige en la isla “está muy anticuada” y recuerda que los vecinos llevan pidiendo desde hace más de quince años “unas normas claras y específicas para saber qué podemos hacer en nuestras casas y cómo podemos arreglarlas”.
Por su parte, el concejal de Urbanismo de Bueu, Martín Villanueva, asegura que en esta demanda judicial “o concello non pinta nada” y recordó que la institución municipal está a punto de poner en marcha una mesa de coordinación con Parques Nacionales, en la que precisamente se deben tratar todas las peticiones de licencia de obra en la isla. “A norma urbanística que está vixente na illa é a Lei do Solo de Galicia, que a califica como un solo rústico de especial protección. Iso significa que se permite rehabilitar as construcción que alí hai, pero non autoriza as ampliacións do calibre que alí se fixeron”, subraya.
