REDACCIÓN - CANGAS
El PP no da tregua a la concejala de Tráfico e Seguridade, Maise Vilas. Tras manifestar su rechazo frontal a que los policías porten armas y a la construcción de un edificio para el cuerpo municipal, ahora acusa a la edil de actuar "de oído" y de utilizar la mentira y las verdades a medias para ocultar su falta de gestión. José Enrique Sotelo afirma que a la edil socialista "gústalle meterse en todo para logo non facer nada", ya que los problemas de su departamento siguen siendo los mismos que cuando asumió la concejalía, e incluso se han sumado otros: Ahora se ven menos agentes en las calles, non se crea un plan de trabajo innovador para el control del tráfico y de la velocidad, ni de mejora de la movilidad urbana para evitar la eliminación de las plazas de aparcamiento disponibles en la vía pública. "En fin, unha política descoordinada e caótica para unha concelleira que quere destacar faltando á verdade", insiste Sotelo.
A esas deficiencias, el PP suma la ineficacia a la hora de combatir los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas o la incapacidad para coordinar las distintas fuerzas públicas en las tareas de vigilancia y seguridad ciudadana. Pone como ejemplo la reunión que mantuvo en junio de 2008 la Xunta Local de Seguridade, que finalizó con el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, levantándose de la mesa antes de tiempo. Con respecto a los anuncios de dotar de más medios humanos y materiales a la Policía Local, Sotelo resume la situación con el texto de un cartel en la puerta de las dependencias municipales en donde puede leerse: "Estamos patrullando". De este modo se informaba a los ciudadanos que en ese momento no había ningún agente. "Esa é a realidade da súa xestión, crear situacións insólitas coma esa para a historia de Cangas".
Ley de Dependencia
Por otra parte, el PP presentó una moción donde se insta al Gobierno central a asumir el 50% del coste del servicio otorgado por las comunidades autónomas en la Ley de Dependencia, que se dé mayor protagonismo a los concellos en asuntos de atención social, que se reconozcan las condiciones de Galicia por la dispersión poblacional y que la Administración colabore con las entidades prestadoras de servicios sociales.