REDACCIÓN - CANGAS
Cangas no vive ajena a la última polémica desatada en torno a la imagen que se ofrece de los detenidos en operaciones contra la corrupción urbanística en los ayuntamientos, que salen esposados, en unas condiciones calificadas de humillantes y que la Audiencia Nacional investigará. Hace un mes se procedió a la detención de un funcionario en el Concello de Cangas por su presunta vinculación a una trama de regularización de emigrantes marroquíes y el detenido, con treinta años de vida laboral en este ayuntamiento, fue esposado por parte de los guardias civiles de Pontevedra que llevaban el caso.
Esta circunstancia fue muy criticada por el trato humillante que supuso para este funcionario, al margen de su implicación o no en los hechos delictivos que se le imputan.
El mismo funcionario reprochó a los guardias la colocación de las esposas, pero le argumentaron que ellos tenían que cumplir con el protocolo.
La concejala de Personal del Concello de Cangas, Maruchi Álvarez, asegura respecto al caso del funcionario que fue detenido, que él no salió esposado desde su departamento, sino que le colocaron las esposas ya en la calle y lo metieron en el coche. Entiende que todo el mundo detenido debe de tener el mismo respeto, tanto funcionarios, como políticos o chavales y que mientras no haya una sentencia del juez que condene "esposarte es como decir que te inculpan".
Pese a estar en contra de esta situación, Maruchi Álvarez asegura que no presentaron ninguna queja desde el Concello ante la Guardia Civil "porque el detenido no fue visto esposado por nadie, incluso pregunté en la planta del consistorio por si lo habían visto, y nadie lo vio". Pese a ello reconoce que el trato fue humillante y, además, denunciable, porque cuando los guardias de paisano se personaron en su mesa de trabajo no le dejaron hablar con nadie, se lo llevaron y no pudo informar ni a la alcaldesa.
