Operación "Embrujo"

Detenida la dueña de la agencia P. Pérez de Cangas y Marín por una estafa de 2 millones de euros

El juez decretó el ingreso en prisión de Pilar Pérez y dejó en libertad con cargos a su esposo y a su hija

 22:50  
Pilar Pérez, en una imagen de archivo.  // Julio Santos Pena
Pilar Pérez, en una imagen de archivo. // Julio Santos Pena 

JUAN CALVO - CANGAS Algo más de dos meses después de que un grupo de clientes de la agencia de seguros que regentaba Pilar Pérez en Cangas denunciara públicamente una supuesta estafa en seguros y fondos de inversión que superaban los 20 millones de euros, la Guardia Civil detuvo el pasado día 20 a la citada mujer, así como a su marido (A.L.M., de 53 años de edad) y a su hija (R.L.P., de 28 años de e dad.). Las conclusiones de la Policía Judicial de Pontevedra, sin embargo, no se dieron a conocer hasta ayer, ocho días más tarde de que Pilar Pérez ingresara en prisión y de que su marido e hija fueran puestos en libertad con cargos por el titular del juzgado número 3 de Cangas. La Guardia Civil constata que, hasta el momento, la estafa afecta a 12 personas y que la misma puede superar los 2 millones de euros. Sin embargo, en las asambleas de afectados había muchas más de 12 personas, de hecho en el grupo de afectados que decidió realizar una denuncia conjunta por estafa contra Pilar Pérez a finales de agosto supera ya las 20 personas, según datos de su portavoz, José Luis Caiño.
Esta vecina de Bueu, de 50 años de edad, que hace una década ostentó cargos de dirección en el PP de Bueu, regentaba dos agencias en las localidades de Cangas y Marín, donde captaba los clientes. Las investigaciones, realizadas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra, se iniciaron el pasado mes de julio, fecha en la que un vecino de Cangas presentó una denuncia en el juzgado número 3 de esta localidad, cuando se percató de que había sido engañado en el trámite de unos fondos de inversión que había realizado en las oficina que Pilar Pérez tenía en Cangas, por un valor de 726.000 euros. Según las denuncias de los afectados y las investigaciones realizadas por la Policía Judicial, la detenida ofrecía a sus potenciales clientes varios productos financieros, ,básicamente fondos de inversión, con una rentabilidad del 10%, que documentaba, la mayor parte de las veces, con documentos falsos. Según la Guardia Civil, esta actividad, que realizaba supuestamente desde el año 2005, "le permitió la captación de una importante cartera de clientes y, sobre todo, un notorio incremento patrimonial que le permitió la adquisición y compra de varios inmuebles, entre ellos un lujoso chalet en el municipio de Bueu, vehículos y la constitución de varias sociedades comerciales con cuatro tiendas de ropa y dos restaurantes". Una de las tiendas era una boutique de lujo en la calle Méndez Núñez de Cangas que hace unos meses que cerró y que tenía el mismo nombre que la operación policial "El embrujo".
El modus operandi responde a un esquema piramidal: utilizando parte de las aportaciones de unos inversores satisfacía los pagos de los rendimientos a los otros. Según la Policía Judicial, esta estructura delicitiva, que en principio se sustentaba con el apoyo de las ganancias que podían generar los negocios que había abierto: un restaurante y cuatro tiendas de moda en Cangas, Marín y Pontevedra, se vino abajo con la quiebra y cierre de los mismos.
A raíz del informe patrimonial que se realizó en el marco de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, además del delito continuado de estafa se le imputaron otra serie de ílícitos penales por su relación con los mismos hechos, como son falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio (por la construcción de un chalet sin la preceptiva licencia) y desobediencia grave (negarse a paraliza la obra cuando fue requerido).
La Guardia Civil continúa las investigaciones para identificar a la totalidad de los afectados y lograr saber el montante de lo estafado, algo que parece difícil de conseguir ya que son bastantes los que no quisieron sumarse a la denuncia colectiva.
Al portavoz del grupo de afectados por esta presunta estafa, A José Luis Caiño, no le cogió de sorpresa las detenciones, es más no se explica como tardaron tanto. "Pero que ela estea no cárcel ou fora non nos vai nin nos ven. O mellor podía cobrar máis se estivera fora, pero bueno, eso non se sabe". José Luis Caiño afirma que la denuncia colectiva presentada por estafa contra Pilar Pérez agrupa a algo más de 20 personas, pero que sólo se incluyen los de los seguros. También afirma que la cantidad de 2 millones de euros hecha pública ayer por la Guardia Civil le parece pequeña, ya que un solo empresario aseguraba haber perdido 800.000 euros con Pilar Pérez.
La alarma entre los afectados saltó cuando la oficina de Cangas, sita en la avenida de Bueu, cerró sin previo aviso en mayo. Alguno de los clientes de la agencia de seguros que habían realizado el pago en efectivo estaban pendientes de recibir sus pólizas de seguro ya formalizadas. Según los demandantes, lasagente de seguros Pilar Pérez les aseguraba que los documentos estaban pendientes de recepción o alegaba haberse retrasado en el envío de las solicitudes, pero les garantizaba que finalmente llegaría al domicilio de los asegurados. Tras el cierre del establecimiento muchos clientes trataron de ponerse en contacto con la gestora, sin conseguirlo.
Caiño recuerda que fue gracias a un control de la Guardia Civil como descubrió que el seguro que había contratado para su automóvil no estaba de alta. Los trámites de contratación y el pago de la póliza se gestionaron a través de la agencia que Pilar Pérez tenía abierta en Cangas. Su automóvil no aparecía registrado en ninguna compañía, a pesar de que el afectado poseía un recibo de pago.
La detenida se defendía asegurando que el impago de seguros se debía a un problema económico, derivado de una orden judicial por la que se retienen las comisiones de su sueldo y a través de la cual le han "limpiado" sus cuentas bancarias. Aseguró que estaba dispuesta a devolver el dinero a los afectados, siempre y cuando presentaran las facturas. Respecto a los planes de inversiones, la propietaria de la gestoría aseguraba que es "un mundo aparte". Negó haber recibido entre 20 y 24 millones de euros que el colectivo de afectados calcula como montante de la supuesta estafa cometida. "Nin a mitade, nin a cuarta parte".

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