DAVID GARCÍA - BUEU
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra acaba de poner en una situación muy complicada al actual alcalde de Bueu, Félix Juncal, y a su teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Martín Villanueva. La juez considera que existen "indicios de falsedad" en la documentación que presentó Juncal en el año 2006 –cuando era concejal de la oposición– para afrontar unas obras de reforma en su vivienda, un proyecto que estaba firmado por Villanueva (arquitecto de profesión y en aquel entonces también concejal del BNG en la oposición). La situación fue denunciada por un vecino de la zona –el lugar de Outeiro– y ahora el juzgado obliga al Concello de Bueu a revisar el procedimiento por el que se concedió ese permiso.
La actuación en cuestión se trataba de un cambio de teja en la cubierta de la vivienda del actual regidor y obtuvo licencia municipal por parte de la comisión de gobierno el 17 de marzo de 2006, cuando gobernaba el PP y Elena Estévez era alcaldesa. Sin embargo, durante los meses siguientes un vecino presentó varios escritos –al menos hasta en tres ocasiones– en el consistorio solicitando la paralización de los trabajos al entender que se estaba realizando un "aprovechamiento bajo-cubierta", que implicaba un aumento del volumen edificatorio.
Esas denuncias, en las que insistía que los planos presentados para la obtención de la licencia no se ajustaban a la realidad, obligaron al gobierno de Elena Estévez a solicitar nuevos informes al arquitecto municipal. Éste, en marzo de 2007, concluía que los planos del apartado "Estado actual", que se presentan en el momento de solicitar la licencia y son los que dan derecho a mantener un determinado volumen edificatorio, "non se axustaban a realidade". El técnico estima que las alturas declaradas inicialmente "excedían ás reais".
El denunciante presentó en mayo de 2008 –ya con Juncal como alcalde– una solicitud para que el propio concello revisase de oficio la concesión de la licencia de obra. Esa solicitud obtuvo como respuesta silencio administrativo, razón por la que el vecino solicitó ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Pontevedra la anulación de la misma.
El tribunal, después de estudiar el asunto, entiende que existen "indicios de falsedad en el proyecto presentado por el interesado [Félix Juncal] con su solicitud de obras mayores, ya que con él se estaría describiendo la cubierta a reformar con unos datos falsos (con un volumen superior al real, al preexistente), a fin de disfrazar como mera reforma lo que finalmente sería un auténtico aumento de volumen, que habría autorizado la Administración municipal en la licencia de forma inconsciente, en la creencia de que no sucedía tal cosa".
Así, la jueza obliga al gobierno local a iniciar el trámite de revisión de oficio, dando "audiencia a todos los interesados" y que se debe resolver en un plazo de seis meses desde el momento en el que la sentencia sea firme. En ese proceso se deberá comprobar la veracidad de todos los datos, el volumen del bajo cubierta antes de ejecutar la reforma y certificar que se ajustaban a la realidad del momento. En caso de que fuesen "falsos", la sentencia obliga a que se declare la "nulidad de pleno derecho" de la licencia y ordena la demolición de las obras autorizadas en ella.
Entre la documentación aportada durante el proceso judicial destacan los informes del arquitecto municipal y la jueza realiza algunas consideraciones al respecto. "En su informe del 4 de septiembre de 2009 se deducen serias dudas acerca de la veracidad de los datos de los planos titulados como ´Estado actual´, firmados por un técnico competente [Martín Villanueva] dudas que el técnico municipal no despeja como debiera ya que se limita a decir que las fotos que aporta el denunciante ´conducen a la conclusión de que aquel plano de ´Estado actual´ no se ajustaba a la realidad´. Para terminar decantándose–aunque no categóricamente– a favor de la sinceridad del plano, por el mero hecho de estar firmado por un técnico competente y de que quien rebate la realidad de esos datos no es sino parte interesada". Sin embargo, meses más tarde el propio técnico firmaría otro informe en el que aseguraba que los planos "non se axustaban a realidade".