La reforma del cuartel sigue sin empezar pese a que Interior ya desalojó a familias

J.C. - CANGAS Hasta ocho familias fueron desalojadas del Cuartel de la Guardia Civil de Cangas allá por el mes de marzo para que pudieran comenzar las obras de reforma del inmueble a través del Plan E, por un importe de un millón de euros. Las familias desalojadas por el Ministerio de Interior ante el aviso de inminentes obras en el cuartel llevan pagando alquileres de pisos en Cangas, sin que sepan cuándo podrán regresar.
El portavoz del Partido Popular en el Concello de Cangas, José Enrique Sotelo, aseguraba el sábado, en una reunión del PP en Vilaboa, que la citada reforma nunca se iba a realizar, algo que niega con rotundidad el gobierno local. Es cierto que en su momento el Concello de Cangas denegó la licencia de obra, decisión que estaba avalada por un informe realizado por el arquitecto municipal de Cangas, Alfonso Lage, que afirma que vulnera las Normas Subsidiarias de Cangas, al considerarla una obra mayor. Pero ayer, el alcalde en funciones de Cangas, el socialista Héctor Otero, recordaba que la persona que más trabas puso para realizar la obra en la última reunión a la que asistió la propia alcaldesa, Clara Millán, por expreso deseo del subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández Álvarez, fue el propio director de obra, el arquitecto y marido de la presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, que no se cansó de poner obstáculos.
A Héctor Otero no le consta que el Ministerio de Interior haya decidido no realizar la obra. Asegura que no existe ninguna circular en este sentido. Es cierto que la negativa del Concello a otorgar la licencia municipal retrasó el inicio de los trabajos, pero no lo es menos que depende del Consejo de Ministros la licencia definitiva, al tratarse de una obra de interés general. En este sentido, el Concello de Cangas ya trasladó a Interior la documentación para que obrase en consecuencia.
También es cierto que la administración estatal es consciente de la filosofía urbanística que marca el avance del Plan Xeral, y que supondría la retirada del citado inmueble de la zona de costa, así como del IES Rodeira. Pero también que no se sabe lo que se puede alargar en el tiempo la tramitación de un PXOM, que ya lleva muchos meses de retraso, por lo que la habitabilidad de la casa cuartel parece prioritaria. Y es que las condiciones actuales son demasiado precarias como para no hacer nada. La alcaldesa de Cangas, Clara Millán, ya manifestó que era consciente del mal estado del edificio y que no se iba a oponer a que los agentes tuvieran una vivienda digna y la Guardia Civil unas instalaciones en condiciones, no como en la actualidad, con todas las oficinas agrupadas. Héctor Otero se pondrá hoy en contacto con el Ministerio de Interior y también con la empresa Tragsa, encargada de realizar las obras, para conocer la situación actual en la que se encuentra todo el proceso.
Cabe recordar que la reforma afecta a los pabellones, donde vive un tercio de la dotación, que en estos momentos son 50 guardias, y a las oficinas, la Intervención de Armas, los calabozos y otro departamentos. La propia Guardia Civil de Cangas barajaba los antiguos juzgados de Cangas para instalar sus oficinas durante el tiempo que duraran las obras.