La supuesta deuda contraída por la agente Pilar P. G. supera ya los 20 millones de euros y se extiende a otras comunidades autónomas. Al grupo inicial se han ido añadiendo nuevos casos de clientes afectados en Cangas, Moaña, Vigo, Porriño o Vilagarcía, entre otros. Además, los contactos de la agente llegan a la Comunidad Valenciana, según aseguran miembros del colectivo que ultima una demanda conjunta por estafa contra la empresaria e intentan averiguar nuevas ramificaciones del entramado. Además, la Fiscalía está ya investigando denuncias presentadas por particulares.
Los supuestos actos fraudulentos de mayor envergadura se habrían cometido a través de los planes de inversiones, en los que se ofrecía a los capitalistas una rentabilidad anual del 10%. Con este gancho, las cantidades recaudadas suman hoy cifras astronómicas. Algunos afectados afirman que existen casos con inversiones de capitales que superan el millón de euros. Además, se multiplica el número de clientes que denuncian gestiones de más que dudosa legalidad por parte de la agente y que se han puesto en contacto con el promotor de la plataforma José Luís Caíño para unirse a la demanda. El primer cliente que alzó la voz contra esta supuesta estafa calcula que ya son más de 60 personas las dispuestas a actuar conjuntamente y denunciar los hechos. Una de estas nuevas incorporaciones ha interpuesto una denuncia en los Juzgados de Cangas en el mes de enero y asegura que la Fiscalía investiga el caso.
El colectivo de afectados ha hecho un "llamamiento" a los clientes de la gestoría que hayan sido "defraudados", ya que, como denuncian, el principal problema es que la agente sigue operado en la zona de O Morrazo. "A finales de junio captó unos 30.000 euros a dos clientas de Marín", asegura uno de los miembros del colectivo.
Desde que FARO dio a conocer el testimonio de José Luis Caíño, quien descubrió a través de un control de la Guardia Civil que su vehículo no tenía seguro, este diario ha intentado ponerse en contacto con la agente Pilar P.G. pero no responde a ninguno de los teléfonos de atención que ha dejado colgados en la puerta de su oficina en Cangas, ahora cerrada. Este hecho también ha sido denunciado por algunos de los clientes afectados por supuestas irregularidades en sus gestiones.
La plataforma volverá a renurise mañana, en el Don Hotel, para decidir sobre sus próximas actuaciones. El grupo de afectados elegirá un representante que gestione las actuaciones conjuntas, dado que Caíño se trasladará a Huelva en los próximos quince días por cuestiones laborales. Además tendrán que decidir qué tipo de forma jurídica adoptarán como grupo, ya que se barajan distintas opciones, desde integrarse como asociación hasta crear una plataforma. Los afectados también tomarán decisiones sobre las recomendaciones legales que han reunido por separado. La estrategia que cobra más fuerza es la de dividir en dos grupos la denuncia: por un lado los planes de inversión, y por otro, los seguros de vivienda, vehículos y barcos. En este sentido, los asesores han considerado que los denunciantes afectados por planes de inversión deben actuar de forma individual para que se produzca una "acumulación de penas" sobre la agente demandada.
En la primer reunión celebrada el martes de esta semana se reunieron una decena de afectados que denunciaban distintos "fraudes" en la tramitación de seguros y en la inversión de capitales. Sin embargo, para muchos era sólo la punta del iceberg de un caso al que se unen más adeptos cada día, dispuestos a realizar la denuncia de su caso particular.
Dinero B
Una de las principales dificultades de este caso es que algunos de los clientes afectados por esta supuesta estafa no están dispuestos a hacer su denuncia pública al tratarse de capitales invertidos en "dinero B" o "negro". A este respecto, fuentes de la plataforma aseguran que las cantidades finales superarían en mucho "os 3.000 ou 4.000 millóns de pesetas", que se estiman entre los casos legales que ya se han dado a conocer a través de la plataforma. Según esta teoría, la alta rentabilidad de los fondos de inversiones y su gestión por caudales irregulares convertirían esta opción en una más que rentable "tapadera".
La tramitación formal de una denuncia en los juzgados obligaría a declarar el origen del dinero invertido y este hecho supone un escollo para la aparición pública de nuevos casos que se mueven en los límites de la legalidad.
