La promotora cree que Abalo no debe tomar decisiones en Massó al ser parte de un litigio

CRISTINA G. - CANGAS El conflicto por la construcción del puerto deportivo de Massó está centrado ahora en un cruce de comunicaciones entre el concejal de Urbanismo y líder de la Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), Mariano Abalo, y la promotora Marina Atlántica. El concejal y máximo opositor a estas obras remitió el pasado día 8 un escrito, que dio a conocer ayer, en el que pide a Marina Atlántica que en el plazo de 72 horas entregue en el Concello una copia de la escritura autorizada el 22 de octubre de 2004 por el notario José Luis Prieto Fenech con número de protocolo 1653 y otra de la escritura de compra-venta con número de protocolo 1652 formalizada en la misma fecha donde acredite contar con las concesiones y terrenos de Massó.
La promotora, según ha podido saber este periódico, ya contestó a la carta de Abalo con fecha del pasado viernes y en la misma alude a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas para "poner de manifiesto, a los efectos legales correspondientes, y a la vista del contenido y de las personas imputadas en las Diligencias Previas de Procedimiento Abreviado Núm. 583/2006 del Juzagdo de Instrucción Núm. 2 de Cangas que...las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones ... se abstendrán de intervenir en el procedimiento...Son motivos de abstención: ... tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado".
Con esta última alusión, Marina Atlántica apunta, aunque sin nombres, a Abalo, quien reconoce que él presentó una denuncia en 2006 contra la promotora por presunta usurpación de terrenos de dominio público. Abalo no tenía ayer constancia oficial de la comunicación de Marina Atlántica "pero sí entiendo que puede estar relacionada con mi carta del día 8".
Derecho de los ciudadanos
La promotora, en su escrito de respuesta a Abalo, reitera su voluntad de colaboración con el Concello "que por desgracia no siempre ha sido correspondida", pero también deja constancia de que se acoge al artículo 35 que regula los derechos de los ciudadanos: "Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones públicas, tienen los siguientes derechos: f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante".
Antes de proceder al ejercicio de acciones legales, destaca la promotora, pide que por parte del concejal se notifique debidamente "la fundamentación legal en la que se ampara, con su correspondiente motivación, su solicitud; y el órgano administrativo que ha acordado, dentro de sus competencias, el requerimiento". También pide que se notifique la existencia de motivos legalmente previstos de abstención.
Abalo atribuye esta respuesta "al interés notorio en no entregar la documentación que se requiere por la repercusión que tendría ya que puede ser un aspecto de la ilegalidad que se pretende destapar".
Respecto a la señal de prohibido, cuyo acuerdo de instalación se adoptó en la junta de gobierno del viernes con los únicos votos de ACE, dice que se pondrá "cuando se disponga de ella".