La alcaldesa de Cangas, Clara Millán, no puso reparos a la propuesta de los 19 empresarios de A Portela, afectados por la denuncia interpuesta por los trabajadores de la hormigonera de Luis Barros, de financiar la redacción de un proyecto de sectorización para la zona, con el fin de regularizar la situación de las industrias instaladas en este lugar limítrofe con el municipio de Bueu. La regidora mostró su conocimiento de la situación y, al término del encuentro que mantuvo ayer con tres representantes de estas industrias, apuntó que ahora mismo en A Portela se daban diversas casuísticas: empresa con licencia de obra y de actividad, con licencia de obra y no de actividad, sin ninguna licencia y propietarios de terrenos que no tienen naves. No dudó en señalar en que, quizás, la demanda de los trabajadores sirviera para unir a las empresas de A Portela y sacar adelante un problema que se arrastraba desde hace muchos años.
Así que los empresarios podrán hacerse cargo de la redacción del proyecto de sectorización para después presentarlo al Concello de Cangas, con el fin de ser sometido a la consideración de los técnicos municipales y ejecutarlo, siempre que se consiga la financiación, que estaba sujeta a aprovechamientos urbanísticos que no se consiguieron. La ley establece que en el plan especial para desarrollar la zona las empresas están obligadas a costear la urbanización.
Asamblea
La comisión de empresarios afectados no quiso hacer ayer declaraciones al término a la reunión y conminó a los medios a un comunicado oficial que verá la luz una vez que se reúnan en asamblea. El encuentro de los empresarios con Millán es consecuencia de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), por una denuncia vecinal, que anuló la licencia otorgada por el Concello a la hormigonera de Luis Barros y ordenó su clausura. En contestación a esa sentencia, los trabajadores de esta planta denunciaron en el Concello la situación supuestamente irregular de 19 empresas de la zona
La que mostraba ayer su indignación era Estela Barros, abogada de la hormigonera que dirige su padre. Considera que se está tratando a la empresa de una forma discriminatoria por parte del Concello y advierte que si no obtiene una respuesta a la denuncia realizada por los trabajadores, recurrirá al a vía judicial y pondrá los hechos en conocimiento del Seprona.
Asegura que al declarar el TSXG que la zona de A Portela es suelo rústico, porque no hay un plan para desarrollarlo como industrial, todas las empresas están en la misma situación que la suya. Por eso no entiende porque ella no fue llamada a la reunión con la alcaldesa que, por otra parte, lleva solicitando desde hace más de año y medio. También dice que la administración debe actuar ante una denuncia en la que se advierte que determinadas empresas carecen de licencia de obra o de actividad y que está obligado a cerrar. Respecto a la propuesta de redactar un plan de sectorización, Estela Barros asegura que, supuestamente, según el ex regidor, José Enrique Sotelo, ya está redactado desde hace tiempo. “Eso fue lo que nos dijo”.
La alcaldesa busca soluciones conciliadoras
La denuncia ante Seprona podría suponer la intervención directa de fiscalía en este caso. Estela Barros asegura que le están dejando sin opciones, considerando su caso diferente a los demás o dejándolo fuera de una solución como el proyecto de sectorización. Asegura que el hecho de que exista una sentencia judicial no entraña que el gobierno local esté obligado a discriminarla. Recuerda que su empresa pagó todos los impuestos y que si la licencia que tenía fue anulada, quien se la dio fue el Concello de Cangas, por lo que su obligación también es buscar una solución. Confirma que los trabajadores de la planta de hormigonado siempre advirtieron a las autoridades locales de lo que podía ocurrir, si se les impedía trabajar.
La alcaldesa Clara Millán siempre mostró su interés por buscar fórmulas capaces de provocar el menor impacto social y económico. Su voluntad es que ninguna empresa se cierre e insiste en que en eso se trabaja, pero también que no podrá evitar el cierre y derribo de la hormigonera si un auto judicial le obliga a ejecutar la sentencia del TSXG.
Mientras tanto, el plazo para solicitar la ejecución de la sentencia se acerca.
