El recurso presentado por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular contra la sentencia que absolvió al ex alcalde de Bueu Tomás Barreiro y a su comisión de gobierno de un delito de prevaricación no ha sido una sorpresa para los acusados. “No me sorprende lo más mínimo”, afirma el ex regidor del PP, que considera que la decisión de la parte demandante es una prueba de que “esto es una persecución personal, no sé si contra una persona o varias”. “Parece que su mayor interés es que salgamos condenados y masacrados”, afirma Barreiro.
El recurso será visto en la propia Audiencia de Pontevedra, donde se celebró el juicio, y la decisión final probablemente no se conozca hasta dentro de dos o tres meses. Tomás Barreiro insistió en que “tengo la conciencia tranquila y volvería a actuar de la misma manera”. “Este juicio no tuvo ningún sentido desde el principio. Que conste que están en su pleno derecho de presentar el recurso, pero ya han pasado siete años y ninguno estamos ya en la vida política”, lamentó el ex alcalde del PP. Barreiro atribuye la decisión de recurrir a una “persecución” y a un afán “para desprestigiarnos”.
Claridad
En su opinión, la sentencia dictada por el Juzgado número de lo Penal es “clara”. “No hubo prevaricación y los técnicos admitían que había infracciones que podían ser leves. Es cierto que nos saltamos un trámite administrativo [el necesario para cambiar la calificación de las sanciones], pero es algo que admitimos y que lo hicimos para ser justos y no perjudicar a nadie”, se defendió. Barreiro recalcó que los expedientes que fueron objeto del juicio eran todos de obra menor y “no se perjudicó al concello ni a otros vecinos”.
Tomás Barreiro se mostró confiado en que los jueces que deben revisar el caso mantendrán la sentencia absolutoria dictada en primera instancia. “Creo que va a salir igual, pero sea lo que sea no voy a recurrir”, afirma. El ex alcalde asegura que ésta era su intención desde el inicio, aunque la sentencia fuese condenatoria. “Estoy aburrido de este asunto y ya dije que fuese cual fuese el fallo no lo recurriría”, recuerda el antiguo mandatario. En este sentido, puntualiza que la petición de condena es de 10 años de inhabilitación, “pero para ocupar cargos políticos, no públicos”. La matización es importante porque permitiría a cualquiera de los ex concejales presentarse o concurrir a oposiciones o convocatorias de trabajo en la Administración pública.
