Barros respalda la denuncia presentada por sus obreros contra 19 empresas de A Portela

La abogada de la hormigonera advierte que "si el Concello cierra una, tendrá que clausurar todas las empresas"

 
Vista del "polígono industrial" de A Portela, supuestamente ilegal.
Vista del "polígono industrial" de A Portela, supuestamente ilegal.  Carmen Giménez

JUAN CALVO - CANGAS

“Se equivoca el gobierno municipal de Cangas si piensa que el concello no va a tener ninguna responsabilidad patrimonial para con la propiedad de la polémica hormigonera de A Portela. Va a tener que pagar una indemnización millonaria, porque nosotros hicimos exactamente lo que nos dijo el Concello, que fue el que nos dio la licencia para instalarnos en dicha zona”, aseguraba ayer la abogada de la empresa e hija del propietario Estela Barros, al tiempo que respalda la decisión de 13 empleados de la planta de hormigón de denunciar ante el Concello de Cangas la supuesta ilegalidad en la que se encuentran 19 empresas que están instaladas en esta zona “industrial” situada entre Cangas y Bueu. Estela Barros advierte de que no se quedará quieta y que si el Concello adopta la decisión de cerrar y derribar la cementera se debe preparar para hacer lo mismo con el resto de las empresas.

Claro que el Concello, si actúa, lo hace obedeciendo un mandato judicial, como recordaba ayer el concejal de Urbanismo Mariano Abalo: “Non se trata dunha decisión indiscriminada do concello, senón dunha decisión judicial que lle obriga, non é unha decisión política”.

La denuncia de los trabajadores supuso una verdadera sorpresa tanto para las empresas afectadas como para muchos de los representantes municipales, que no esperaban está acción. Pero el concejal de Urbanismo Mariano Abalo resta importancia a la decisión de los trabajadores. Asegura que no hicieron más que hacer efectiva una amenaza que ya habían esgrimido. Claro que a otros miembros del gobierno local, los trabajadores les comunicaron que nunca emprenderían otra opción. La alcaldesa Clara Millán no tenía ayer constancia de la denuncia de los trabajadores, y afirma que se pronunciará al respecto cuando conozca su contenido. Abalo sí conocía la denuncia, aunque no la había puesto en conocimiento de sus socios de gobierno, precisamente, porque restaba importancia a la misma. Sin embargo, no se descarta que la demanda de los trabajadores de la hormigonera de A Portela pueda generar un conflicto social importante entre los trabajadores con los empleados de las otras empresas, que pueden ver su puesto de trabajo amenazado. No obstante, cabe señalar que para cerrar las 19 empresas denunciadas ante el Concello por carecer de licencia o trabajar también con una de carácter provisional, es necesario que los tribunales de justicia se pronuncien, como lo hicieron en el caso de la empresa Luis Barros.

El concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, afirma que nunca tuvo constancia de la petición de los trabajadores para que el Concello le fuese entregada una lista con las empresas que hay en A Portela.

Abalo anuncia más entrevistas con los trabajadores

Estela Barros se queja de que la alcaldesa de Cangas no quiera recibirla. Afirma que hace dos años que lo intenta y que incluso solicitó una entrevista por escrito, sin ningún resultado positivo. “Asegura que lamentaría ser ella la que tuviera que cerrar la empresa, pero más lo va a lamentar si tiene que cerrar 19 industrias más”, sostiene Estela Barros, convencida que los trabajadores obraron en consecuencia. Insiste en que la propiedad siempre hizo lo que le marcó el Concello de Cangas para obener la licencia de obra, por lo que la anulación es responsabilidad suya, de nadie más, así que deberá indemnizar a la hormigonera si la cierra, la misma sentencia lo dice”, mantiene la abogada que recuerda que la ley impedía otorgar licencias provisionales para industrias ni residenciales.

Clara Millán sí mantuvo entrevistas con los trabajadores de la empresa y también, más frecuentemente, el concejal de Urbanismo. De hecho, el edil manifestó ayer que para la próxima semana estaban previstas más reuniones con los trabajadores. Abalo considera que la solución pasa por el plan sectorial de la zona, que está en marcha y para el que hay presupuesto. Sin embargo, la Asociación de Vecinos de A Portela, que fue la que comenzó todo el conflicto al denunciar a la hormigonera, dice que no es posible el citado plan sectorial ya que se ocupó más del 20% del terreno. También es un problema que puede solventar el Polígono Industrial de O Morrazo.

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