Los vecinos de A Portela piden al Concello que cierre y derribe la hormigonera de Barros

JUAN CALVO - CANGAS La junta directiva de la Asociación de Vecinos de A Portela, que preside Luis Gil, acordó ayer forzar al Concello de Cangas para que cierre la actividad de la hormigonera de A Portela y proceda a su demolición. Afirma Luis Gil que el gobierno local dispone de dos meses para llevar a cabo lo encomendado por la sentencia del Juzgado número 1 de Pontevedra y ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la licencia de obra de la mencionada empresa. Advierte Luis Gil que si el tripartito no actúa, la asociación pedirá la inmediata ejecución de la sentencia, con los daños y perjuicios que suponga.

Asegura Luis Gil que la decisión fue unánime tras reunirse ayer con el abogado que llevó la causa y que los vecinos no pasaron por alto la situación en la que quedarían los trabajadores de la planta, pero que pesó más en sus consciencias el daño que la empresa provoca en A Portela: contaminación por polvo y ruido.

“Sentímolo moito, pero temos que continuar, todos estamos dacordo, en A Portela hay 90 casas agora mesmo. Pero levounos moitos cartos este pleito, cartos que saliron dos nosos bolsillos. Ademáis, os obreros que viñan a traballar na planta sabían en que condicións viñan. Algúns son coñecidos e veciños nosos; esto é o que máis nos doe. Pero nos iniciamos o proceso xudicial para algo, non para que quede en nada”, apunta Luis Gil.

También lamenta la Asociación de Vecinos de A Portela que sea el gobierno tripartito de Cangas “o que teña que apechugar coa sentencia”, ya que responsabiliza al gobierno del PP que dirigía José Enrique Sotelo de la situación que se creó. “Pese a sentencia, Sotelo sale indemne, igual que os que fixeron os informes que permitiron que a hormigonera de Luis Barros se instalara na Portela”. Asevera también que, de momento, no tuvo ningún contacto con el Concello de Cangas. El concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, no descarta tenerlo. Es consciente de la situación anómala en la que se encuentran las empresas de la zona, todas en precario, con una licencia provisional que la sentencia demostró que no era válida para que una empresa se instalara en una zona calificada como industrial en las Normas Subsidiarias, pero que según la Ley del Suelo de 2002, es terreno rústico mientras no se desarrolle un Plan Especial. Abalo anunció que su departamento está elaborando los pliegos para licitar el proyecto de sectorización y urbanización de la zona.

El propietario de la hormigonera, Luis Barros, ya advirtió a través de su representante legal, Estela Barros, que si se el Concello ejecuta la sentencia solicitará una indemnización millonaria, ya que afirma que siempre cumplió con los requisitos exigidos en su momento por el Concello de Cangas. También considera que el conflicto judicial no está acabado, porque todavía está pendiente una sentencia del TSXG sobre la actividad de la planta, que es otro diferente del de la licencia de obra.