El pleno de la Eurocámara trata una petición para que se modifique la Ley de Costas

CRISTINA G. - MOAÑA La Eurocámara abordará en el pleno del jueves la polémica en torno a la Ley de Costas de 1988 de España, cuya aplicación amenaza con dejar sin la propiedad de sus viviendas a unos doscientos vecinos de Moaña, que pasarían a tener una concesión por 30 años prorrogables por otros 30 y con la posibilidad de ser vendibles o dejar en herencia. El pleno se pronunciará sobre un informe de la Comisión de Peticiones (organismo donde se tratan las peticiones de los ciudadanos), a iniciativa de la eurodiputada danesa Margrete Auken, en el que se critican las prácticas de “urbanización masiva” en España y se sugiere interrumpír las ayudas al país hasta que no solucione el problema. En el mismo informe, aprobado por 24 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención, se alude a la Ley de Costas de España que, según la comisión “afecta de manera desproporcionada a los propietarios particulares de bienes(...) y al mismo tiempo no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción costera, responsables en muchos casos de unos desarrollos urbanísticos excesivos en las costas, incluidos los complejos vacacionales”.

En su informe, la comisión reconoce que “entiende y respalda” a las autoridades españolas en sus intentos de conservación y de, en su caso, restauración del entorno costero.: “Lo que no entiende es por qué se ha recuperado la Ley de Costas de 1988 a estas alturas, después de estar treinta años prácticamente en desuso mientras se producía tanta devastación”. Al mismo tiempo la comisión deja en el aire la pregunta de “¿por qué es tan caótica y arbitraria cuando se demuelen antiguas casas costeras, pero se tolera la construcción de nuevos apartamentos?”. Al mismo tiempo pregunta ¿por qué se permitió la adquisición de estas viviendas durante los últimos treinta años, de conformidad con todos los requisitos legales en cuestión, salvo una ley con efecto retroactivo a la que ahora tienen que enfrentarse los propietarios legítimos y que les priva de sus derechos como tales?”. la comisión entiende que los especuladores y promotores inmobiliarios que contaban con recursos legales para estar al tanto de la situación deban ser sancionados, pero no que las personas que adquirieron su vivienda de buena fe y cumplieron los requisitos, deban perder sus derechos,de sus familias y descendientes”.

Hay que tener en cuenta que muchas personas afectadas por la Ley de Costas en el Mediterráneo son ciudadanos europeos.

En su ponencia, Auken pide que se revise o modifique la Ley de Costas para proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de los que poseen pequeñas parcelas en zonas de costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero y hace hincapié en que dicha protección “no debe concederse a proyectos especulativos que no respeten las directivas de la UE en medio ambiente”.