Cangas, al igual que Moaña, también se ve afectada por la polémica Ley de Costas de 1988, que retira la propiedad de las construcciones ubicadas en dominio público marítimo terrestre para convertirlas en concesiones por un período de 30 años prorrogables por otros 30. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino publicó ayer el deslinde marítimo terrestre de 12 kilómetros de costa en el municipio cangués, entre Bueu y Punta Couso, abarcando todo el litoral de Aldán y de O Hío, uno de los más turísticos del concello en donde abundan las viviendas de segunda residencia.

La resolución del Ministerio de Medio Ambiente fue adoptada el pasado 16 de octubre, aunque no se publicó hasta ayer. Esa resolución lo que aprueba es el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en un tramo de costa, en concreto de 12.450 metros de longitud, según se define en los planos fechados en julio de 2006.

En segundo lugar, y es aquí donde surge la polémica, la resolución ordena al Servicio de Costas de este Departamento en Pontevedra a que inicie las actuaciones contundentes a rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado y se otorga un plazo de un año para que los titulares de terrenos afectados por la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, puedan solicitar la correspondiente concesión. Los titulares de las fincas dejan de ser propietarios, algo contra lo que los vecinos de Moaña, afectados por esta situación, como los dueños de pisos del famoso edificio Salitre, ya luchan, integrados como asociación en la Plataforma Nacional de Afectados. La orden del ministerio en el deslinde de Cangas advierte de que los particulares pueden interponer recurso de reposición en el plazo de un mes ante la ministra de Medio Ambiente o, directamente, recurso contencioso en el plazo de dos meses. Las administraciones públicas también pueden presentar recurso contencioso en el plazo de dos meses ante la Audiencia Nacional. Es lo que han hecho los vecinos de Moaña y el Concello, a través del conocido despacho de abogados de Madrid, García de Enterría. Aconsejados por la Plataforma Nacional, que considera que el contencioso no valdrá para nada, los vecinos estudian la posibilidad de pedir la desafectación de la zona de dominio público, argumentando que ha perdido esa condición. La desafectación es un trámite que requiere, según la Plataforma, voluntad política y que las administraciones estén de acuerdo.

En el plan de estrategia para la sostenibilidad de la costa, que presentó el Gobierno central en octubre del año 2007, se confirmaba que el 98% de las sentencias sobre recursos contra deslindes fueron desestimadas total o parcialmente. En ese mismo plan figuraba un balance de demoliciones en dominio público marítimo terrestre a nivel de España., según el cual, se pasó de 40 demoliciones y una superficie total demolida de 11.180 metros cuadrados en 2004 a 194 y 83.470 metros cuadrados en 2005, a 345 y 93.814 en 2006 y una previsión de 665 demoliciones con una superficie de 84.563 metros en 2007.