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Un conflicto familiar bajo la luz de los focos

 08:18  
   Ana Míguez, ayer a las puertas de los juzgados cangueses.
Ana Míguez, ayer a las puertas de los juzgados cangueses.  Gonzalo Núñez

La desaparición de la niña y los altercados entre sus allegados llevaron el caso a los informativos estatales

I.G.R. / O MORRAZO El de ayer parece que será el penúltimo capítulo de un conflicto familiar que saltó a la luz pública tras el incidente que protagonizaron en Moaña el pasado 1 de julio allegados de los dos progenitores en el intercambio de la menor. Para ese día estaba prevista la entrega al padre durante un mes, tal y como un juez había decidido al considerar que la madre incumplió reiteradamente el régimen de visitas. La familia materna evitó mediante la fuerza que la pequeña se fuese con su tía y abuela paternas, alegando que la menor no quiere estar con alguien "a quien no conoce".

A partir de ese momento, tanto la pequeña como su madre, María García, desaparecen. Al día siguiente, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cangas ordena a la Guardia Civil que "auxilie" al padre para que la niña pueda pasar un mes en su compañía. Días después es la presidenta de Alecrín, Ana Míguez, la que anuncia en el transcurso de una concentración de apoyo a la madre celebrada en Moaña que tanto María García como su hija se encuentran "baixo custodia da nosa organización".

A partir de aquí los hechos se suceden y la opinión pública se divide entre los que apoyan a la madre y los que prefieren ponerse del lado del padre. Lo que muy pocas personas entienden es la actitud de la presidenta del colectivo feminista, que pasó a convertirse en la auténtica protagonista del conflicto. La jueza le imputa un presunto delito de sustracción de menor y desobediencia a la autoridad, que finalmente se queda en sólo inducción al entender que es decisión de la progenitora.

El apoyo incondicional de Alecrín a la madre se basa, según afirmaciones de la propia Míguez, en el hecho de que fue víctima de malos tratos y en que en su caso se aplicó el Síndrome de Alienación Parental (SAP) para explicar la negativa de la menor a irse con su padre. El colectivo feminista lleva años manifestándose en contra de este criterio, que achacan a un deseo de venganza de los maltratadores.

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