El concejal de Urbanismo de Cangas, Mariano Abalo, intentará frenar en vía judicial el desarrollo de la unidad de actuación número 5, la mayor urbanización proyectada hasta ahora en el municipio -unas 300 viviendas en la zona de Altamira, junto al cementerio- y cuyo proyecto de compensación fue aprobado el miércoles por la Xunta de Goberno Local, con los únicos votos favorables del PSOE, la abstención del BNG y el rechazo de ACE. Abalo no aclara qué fórmula tienen previsto seguir para impedir la ejecución del proyecto, ya que esa decisión la "tomará ACE en asamblea", pero está convencido de que los planes de los promotores no deben ejecutarse, salvaguardando así el interés público y haciendo respetar la legislación urbanística.

La aprobación de esta urbanización ha provocado un nuevo enfrentamiento en el gobierno tripartito. Aunque tocado el pacto, ayer se produjo un intento de acercar posturas entre la alcaldesa, Clara Millán (BNG) y el portavoz socialista, Héctor Otero. El encuentro tuvo lugar a primera hora de la mañana y su contenido se ha querido mantener en secreto. En cuanto a las discrepancias generadas en el seno del gobierno tripartito, Abalo señala que, aunque la situación es "bastante atípica", el proceder de su grupo es "democrático e normal, na defensa dos intereses cidadáns" y que el pacto firmado no limita ese derecho. "Debe haber coherencia á hora de gobernar, pero primando a defensa da legalidade frente ao bandolerismo", remachó.

En su cruzada contra la "marbellización" del municipio, el edil recalca la existencia de un informe del arquitecto municipal, Alfonso Lage, que advierte del incumplimiento de la Lei do Solo de Galicia (Louga) y de protección del litoral, así como una "merma sustancial" de los derechos municipales que afecta al interés general y al patrimonio municipal del suelo, al no recibir las compensaciones correspondientes. Añade Abalo más "irregularidades" que refleja otro informe de su departamento -este sin fechar ni rubricar-, donde se advierte que se "alteran" las determinaciones del planeamiento municipal en los viales propuestos. A esto le suma una "deficiente ordenación viaria, la inexistencia de aparcamientos subterráneos, que provocarían "o desorden e o caos nunha zona sensible do municipio", la "perda da vivenda protexida que establece a lei, un 40% do total, o la "disparatada ordenación de volúmenes", destinada a primar la máxima edificabilidad frente a la dotación de zonas públicas.

"Sumamente grave"

A pesar de estas advertencias, trasladadas a los promotores en el mes de mayo para que se corrigieran, estos hicieron caso omiso, continúa Abalo, que califica de "sumamente grave" el proceder de la promotora, primero, y, después, de los miembros de la Xunta de Goberno Local que contribuyeron a su aprobación sin contar siquiera con un informe de la secretaria municipal que aclarase la contradicción entre distintos informes técnicos.

El voto diferenciado de cada uno de los grupos que sustentan el gobierno es una "radiografía da confusión existente", en palabras del concejal de Urbanismo de Cangas, que considera temerario aprobarlo en esa situación. También desmintió que existan informes favorables de la Xunta de Galicia al proyecto de compensación -sí lo hay al de urbanización, aprobado recientemente-, y dejó claro que mientras mantenga la cartera municipal no está dispuesto a "continuar coa política urbanística caótica e desordenada do Partido Popular, amparada en argumentos económicos", y que "os cartos non poderán determinar que este tipo de actuacións, legalmente viciadas, se poidan levar adiante".