La comunidad de propietarios de calle Real 68 y 70, en Cangas, presentaron el pasado 18 de enero en el concello un escrito en el que se impugnan los acuerdos municipales que permitieron desarrollar la unidad de actuación 4.1.2 -comprendida entre las calles Real, San Xosé y Avenida da Coruña- hasta su estado actual. La construcción de edificios sin fachada a la vía pública, la ocupación de zonas verdes y el proyecto para levantar un nuevo bloque de viviendas son algunos motivos de sus quejas, que después de seis meses sólo han recibido el silencio por respuesta, y los denunciantes plantean ahora pedir responsabilidades en los tribunales.

En el escrito dirigido a la alcaldesa la comunidad de propietarios pide que se declare de oficio la nulidad de varios acuerdos de la Xunta de Goberno Local, desde la aprobación definitiva del expediente de subdivisión, en diciembre de 2000, hasta las licencias otorgadas para construir varios edificios que "no reúnen la condición de solar", al no disponer de acceso público rodado en cada parcela. Entienden que las resoluciones impugnadas vulneran normas legales y urbanísticas de rango superior. Advierten, además, que existen planes para construir un nuevo bloque que reduciría aún más la dotación de zonas verdes y perturbaría el derecho de paso de dicha comunidad a unos pozos de agua de que disponen en el entorno.

Las quejas ciudadanas también se renovaron tras la apertura por el concello de un vial que atraviesa el ámbito de la unidad de actuación y que comunica la calle San Xosé con la Avenida de Coruña en las proximidades del cruce del Galas. Los vecinos rechazan que se consolide esta nueva calle con argumentos como la modificación de los anchos previstos en su recorrido, que provocan un "embudo" en algunos puntos debido al avance de las edificaciones sobre espacios que deberían ser públicos. Además, sostienen que la ordenación urbanística de la zona debe hacerse de forma global, y que no debe consolidarse el nuevo vial sin dar una solución conjunta al problema generado.

Aunque achacan el origen del conflicto a las dos corporaciones anteriores, los promotores de estas acciones advierten que ya se han sobrepasado todos los plazos y los actuales gobernantes deben dar una respuesta satisfactoria. La movilización social y el recurso a los tribunales están entre sus intenciones inmediatas.