Hacienda descarta dejar sin efecto la revisión del Catastro de Moaña al impedirlo la ley

25.04.2008 | 08:00
Una decena de agentes de la Guardia Civil se personó en el Concello para posibilitar el acceso a los trabajadores municipales. Una decena de agentes de la Guardia Civil se personó en el Concello para posibilitar el acceso a los trabajadores municipales.

El Ministerio afirma que el moañés es uno de los municipios de España con más retraso en este proceso, iniciado a instancias del Concello

El Ministerio de Economía y Hacienda descartó ayer dejar sin efecto la revisión del Catastro de Moaña al "no existir ninguna posibilidad legal" para invalidar la nueva ponencia de valores una vez aprobada y aclararon que "no es posible su rechazo por el municipio", lo que no quiere decir que "no se deban atender las reclamaciones que reúnan las condiciones legales adecuadas". Puntualizaron que Moaña es uno de los ayuntamientos de España que más retraso acumula en la revisión catastral, la primera que se lleva a efecto "en 18 años", y aseguraron que ese proceso se materializó a instancias del concello moañés.

El ministerio cierra así la puerta a la principal demanda de la plataforma anticatastro, cuyos representantes trataron de paralizar ayer el funcionamiento del consistorio. Su intento de impedir la entrada a los trabajadores municipales obligó a la intervención de la Guardia Civil. Además, protagonizaron una cacerolada durante la mañana a las puertas del concello, mientras las cinco personas en huelga de hambre mantienen su postura. Ni siquiera una reunión a mediodía entre el alcalde Xosé Manuel Millán y el portavoz del PP, José Fervenza, que se celebró a iniciativa de este último, propició un acercamiento. Las protestas seguirán hoy con idéntico propósito y para mañana se anuncia una fiesta del catastrazo.

Solicitud municipal

De acuerdo a la Ley del Catastro vigente, el Ministerio de Economía y Hacienda puede realizar la revisión "de oficio o a instancia de los ayuntamientos, aunque lo habitual es que se realice a solicitud municipal, como es el caso de Moaña", explicaron ayer desde el Gobierno central. Añadieron que los concellos suelen pedir la revisión del catastro, "de acuerdo con la ley, cuando la anterior revisión se encuentra muy desfasada, lo que suele ocurrir cuando han transcurrido más de diez años" desde la última. En el caso de Moaña, recordaron, "la anterior revisión se realizó hace 18 años, lo que lo convierte en uno de los que más demora ha acumulado a estos efectos de toda España".

Explicaron también que el procedimiento para la actualización de valores "es idéntico en toda España" a excepción de País Vasco y Navarra, que tienen un régimen propio, y supone "la asignación de un nuevo valor catastral a los inmuebles ya existentes en la base de datos". Dicha base de datos, aclaran, "es el resultado de años de constante y permanente actualización a través de las declaraciones presentadas por los interesados y de otros procedimientos por los que se mejora paulatinamente la información".

La utilización del mismo procedimiento en todo el territorio, añaden desde el Ministerio de Economía, "garantiza la igualdad de trato a todos los titulares catastrales, a los que se ofrece a través de notificaciones individuales y de las oficinas de atención al público instaladas para atenderles toda la información que necesiten". Además, recuerdan, existe un servicio de información telefónica denominado "Línea Directa del Catastro" (902 373635) en el que se puede realizar cualquier consulta de nueve de la mañana a siete de la tarde.

En lo que respecta a cómo repercutirán los nuevos valores catastrales en el bolsillo de los contribuyentes, recordaron que aquellos entrarán en vigor paulatinamente, a lo largo de los diez años posteriores a la revisión. "El primer año sólo se incrementará el diez por ciento de la diferencia que pudiera existir entre el valor viejo y el nuevo; por ejemplo, si el valor de 2007 era 100 y el nuevo es 200, la base por la que se paga el IBI en 2008 será de 110". El segundo año se sumará otro 10% y así sucesivamente hasta alcanzar el valor total al décimo año, "en el caso de Moaña, en 2017".

Los portavoces de Economía y Hacienda hablan también del posible incremento o no de los recibos del IBI o de la contribución. "Se trata de un asunto de la exclusiva competencia municipal, toda vez que la determinación de los tipos de gravamen y de las bonificaciones potestativas previstas en la ley corresponden a los ayuntamientos", explican. Sí reconocen que "no es habitual" que los ayuntamientos fijen un tipo de gravamen del IBI más bajo después de una revisión catastral, algo que sí ha hecho el Concello de Moaña. No suele ser así, insisten, porque la medida que posibilita la entrada en vigor de los nuevos valores progresivamente a lo largo de diez años "suele considerarse suficiente".

En cuanto a la acumulación de errores de todo tipo en las notificaciones, denunciada reiteradamente por la plataforma anticatastro, desde el ministerio reconocen que en una operación "de carácter masivo" como la que se llevó a efecto en Moaña "pueden aparecer algunas discrepancias, muchas de las cuales se deben al incumplimiento en su día de la obligación de declarar determinada información por parte de los propietarios de los inmuebles", por ejemplo, "agrupaciones o particiones" de propiedades.

Señalan además que existen "diversos procedimientos" para corregir los datos erróneos y que las notificaciones enviadas a los ciudadanos también incluyen información sobre qué debe hacerse para recurrir si se está disconforme con el nuevo valor. Ya en lo que se refiere a la complejidad o no de la subsanación de esos errores, desde el Ministerio de Economía apuntan que "depende de cada caso" y precisan que toda la información sobre las notificaciones no recibidas puede obtenerse a través de la "Línea Directa del Catastro" o en la propia gerencia territorial.

Finalmente, niegan cualquier responsabilidad en el cambio de suelo urbano a rústico de casi 900 unidades catastrales de Moaña, parte de ellas en dominio público marítimo-terrestre. "Al Catastro no le corresponde definir cuando un suelo es rústico o urbano, ni delimitar el área de dominio público; se limita a reflejar en sus bases de datos la información proporcionada por las administraciones competentes y a aplicar las definiciones de suelo contenidas en la propia Ley del Catastro".

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