Gobierno y Partido Popular mantienen unas posición contraria respecto, no de la necesidad de que Lalín tenga más suelo industrial, pero sí en los mecanismos necesarios para que la Xunta acceda, en este caso, a la extensión de la 4ª fase del polígono Lalín 2000. Mientras el portavoz popular, José Crespo, recrimina al ejecutivo que en tres años no hiciese nada para habilitar más suelo a disposición de las industrias, el cuatripartito culpa a la Xunta de incumplir la previsión de ampliación del principal área empresarial del municipio.

El PP defendió en una moción la necesidad de que Lalín se sumase al plan firmado entre administración autonómica y Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) mediante el que los Concellos adheridos garantizan una rebaja en los principales tributos a las empresas que se asienten en su territorio. Para el edil de Urbanismo, Nicolás González Casares, la medida supone una intromisión en la autonomía fiscal de las administraciones locales y por eso, finalmente, el gobierno justificó su abstención. Pero el fondo de un debate que se mantiene en las últimas semanas se situó en las condiciones de la Consellería de Infraestruturas para desarrollar la 4ª fase de Lalín 2000. Casares dijo que inicialmente la Xunta se negó a acometer la extensión del recinto y poco después lo supeditó a la apertura de un registro de empresas en las que estas mostrasen su compromiso real por asentarse en el parque. A juicio del gobierno, el municipio precisa ya parcelas y la elaboración de un registro no servirá más que para frenar el posible desembarco de empresas. "¿Qué concellos de Galicia tienen este registro", preguntó Casares, que fue replicado por Crespo indicando que tras la crisis las condiciones de la Xunta cambiaron y ahora se pide un compromiso de adquisición de suelo. En lo que hubo acuerdo fue en la posibilidad de que Xestur acometa la ampliación del parque por fases, aunque Casares pidió que los precios de 90 euros m/2 planteados cuando, hace casi una década, se anunció en reiteradas ocasiones la 4ª fase, se bajen hasta al menos hasta los 60 para que la tasación de las parcelas sea atractiva para los emprendedores. El alcalde, Rafael Cuíña, recordó que la patronal dezana alertó tiempo atrás de que algunas firmas no habían podido asentarse en el municipio por falta de suelo y que por eso era necesario actuar de inmediato.

Competencias

En otro orden de cosas, PP y edil no adscrito plantearon al gobierno la necesidad de acometer una modificación para que la competencia de pagar facturas de, por ejemplo, procedimientos extrajudicialdes de crédito recaiga en la Alcaldía y no en el pleno. El concejal popular José Antonio Rodríguez realizó un repaso a la normativa y explicó que con esta propuesta, consistente en una modificación en las bases de ejecución de los presupuestos, también se busca una protección para las empresas. Cruz, antes, había solicitado la elaboración de un informe que aclarase las responsabilidades de los ediles que no forman parte del ejecutivo para los pagos de las facturas y anunció que pedirá el expediente de la relación de albaranes por 12.000 euros reparados por el interventor municipal. Rafael Cuíña, en relación a la iniciativa de la oposición, planteó que los técnicos municipales competentes en la materia elaborasen un informe jurídico y en base al mismo, actuar. Rodríguez avisó que el PP no iba a variar su postura.